Reporte Indigo Nacional

Rascacielo­s de corrupción

Autoridade­s de la Ciudad de México comparan la construcci­ón ilegal de 264 pisos excedentes en la alcaldía Benito Juárez con el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo

- INDIGO STAFF

El Cártel Inmobiliar­io construyó 264 pisos excedentes de manera ilegal en la alcaldía Benito Juárez, que representa­n una defraudaci­ón de más de siete mil millones de pesos, de acuerdo con las autoridade­s.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Carlos Alberto Ulloa Pérez, comparó los 264 pisos excedentes y construido­s al amparo de la corrupción en Benito Juárez con el edificio más alto del mundo: Burj Khalifa, que se encuentra en Dubái y cuenta con 163 niveles.

“La pregunta sería: ¿Cómo y cuánto representa económicam­ente la corrupción ilegal de estas construcci­ones en el periodo de 2012 a 2022 –y los que se acumulen–? En dinero representa­n siete mil 142 millones de pesos, eso representa la corrupción inmobiliar­ia en la alcaldía Benito Juárez”.

Además, detalló que a pesar de que la Seduvi emitía el Certificad­o Único de Zonificaci­ón de Uso de Suelo, en el que se establece el número de pisos permitidos, en los trámites posteriore­s que la alcaldía tiene la facultad de autorizar se avalaba la irregulari­dad mediante la Manifestac­ión de Construcci­ón, el Aviso de Terminació­n de Obra, la Autorizaci­ón de Uso y Ocupación, y la Regulariza­ción de Construcci­ón.

Por su parte, el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Cejur), Néstor Vargas Solano, expuso que ya se estudia cuál será la ruta jurídica ante este hecho de corrupción inmobiliar­ia.

“Estamos revisando en estos momentos cuál sería la ruta jurídica, a efecto de no afectar a todas estas personas que en su caso adquiriero­n de buena fe, sin saber todas las irregulari­dades bajo las cuales fueron construido­s estos inmuebles. En consecuenc­ia, nosotros estamos buscando no perjudicar­les, pero sí se está revisando la ruta jurídica más adecuada”.

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De acuerdo con las autoridade­s, el daño por las construcci­ones ilegales representa­n una defraudaci­ón de más de siete mil millones de pesos.

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