Persiste corrupción
Los habitantes de Chiapas consideran que la corrupción persiste en la entidad gobernada por Rutilio Escandón, cuya administración prioriza la entrega de contratos mediante adjudicaciones directas
Aunque Rutilio Escandón Cadenas está por cumplir su cuarto año de gestión al frente del Gobierno de Chiapas, los habitantes de esa entidad continúan percibiendo que la problemática de la corrupción se encuentra muy extendida en su entorno, según se advierte en el documento titulado “Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción”.
Recientemente el Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas aprobó la Política Estatal Anticorrupción, en cuyo diagnóstico se establece que la corrupción sigue permeando con niveles altos en esa entidad federativa, aun cuando el combate de este flagelo fue una de las promesas centrales con las que arribó al poder el actual mandatario del partido Morena.
Para fundamentar la Política Estatal Anticorrupción que ahora se encuentra vigente en esa entidad federativa, el Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas implementó un ejercicio de consulta en línea, en el cual participaron 2 mil 937 personas, de las cuales el 42 por ciento fueron mujeres; entre los participantes la mayor proporción (41 por ciento) tiene entre 40 a 59 años, mientras que la aportación de los jóvenes fue un 22 por ciento; la Consulta tuvo un alcance en 111 municipios.
Los hallazgos de este ejercicio dejan mal parado al supuesto combate a la corrupción que prometió el Gobierno de Escandón Cadenas.
”Como resultado de la consulta, en la pregunta correspondiente a qué nivel de corrupción se considera que existe en el estado, el 77.8 por ciento manifestó en su percepción que esta se encuentra entre muy alta y alta; en lo que respecta a cuál consideras que es la causa más importante de la corrupción, el 71 por ciento indicó porque no hay sanción ni consecuencia alguna para la persona responsable de un hecho de corrupción y el 61 por ciento por temor a represalias..
“Con relación a cuál consideras que es la acción más importante para combatir la corrupción en Chiapas, el 76 por ciento comentó que se debe promover los valores éticos y la cultura de la transparencia y la legalidad desde la niñez, el 75 por ciento que se debe contar con una herramienta efectiva de denuncia e investigación que evite la amenaza o violencia”.
Cuando Escandón Cadenas rindió protesta como gobernador de Chiapas ante la presencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal aseveró que en su administración no habría corrupción.
“La Cuarta Transformación comienza en Chiapas. Haremos un gobierno honesto, austero, pero muy eficaz; tenga la seguridad, señor presidente, de que los recursos públicos que lleguen a nuestra entidad serán para beneficio del pueblo; no habrá desperdicios ni gastos superfluos y tampoco insanas complicidades”, dijo el 8 de diciembre de 2018.
Prácticas riesgosas
En el documento de la Política Estatal Anticorrupción, por su parte, se advierte sobre la detección de ciertas prácticas en el Gobierno de
Escandón Cadenas que podrían resultar propicias para la corrupción, por ejemplo, la priorización de las adjudicaciones directas en sus contrataciones, en lugar de optar por otro tipo de procedimientos más transparentes.
“De acuerdo a los resultados generales presentados en el tema de adquisiciones, arrendamientos y servicios del total de 206 contratos 155 se otorgaron por adjudicación directa que equivale en un 75 por ciento, 20 contratos fueron por invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida que corresponde en un 10 por ciento, 25 de ellos fueron por licitación pública estatal, regional o local con un 12 por ciento, y tan solo 6 contratos fueron a través de una Licitación Pública Nacional con un 3 por ciento”.
Los datos anteriores corresponden al año 2021, aunque fueron extraídos del “Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2022”, que elabora el INEGI. Por lo tanto, ante este panorama en el que dominan las adjudicaciones directas, se lanzó esta conclusión:
“Estos datos generan una gran preocupación y los posibles conflictos de privilegio y preferencia a ciertas empresas ya que esto crea una competencia desleal, además de existir la incertidumbre en la calidad de los bienes y los sobrecostos de ellos mismos; por lo que en los casos de continuar con esta práctica se podría caer en los supuestos de poca eficiencia en el manejo de los recursos públicos, en casos como de adjudicar a empresas fantasmas o que estas subcontraten”.
Si el mismo análisis se desarrolla considerando el valor económico de estos contratos, se corrobora la preeminencia del procedimiento de adjudicación directa.
“Del monto total de 472 millones
509 mil 064.29 que corresponde a los contratos realizados por adquisiciones, 46 por ciento fue realizado mediante adjudicación directa, 14 por ciento por invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida y el 21 por ciento mediante licitación pública nacional”.
Obras públicas
Esta predilección que muestra el Gobierno de Escandón Cadenas por las adjudicaciones directas no se constriñe únicamente en los procesos de adquisiciones, por el contrario, también fue detectada en los trámites para la contratación de obra pública.
“Del total de 48 contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, 36 de ellos fueron por la vía de adjudicación directa que corresponde a un 75 por ciento, 8 fueron por invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, y 4 por licitación pública estatal, regional o local que equivale a un 8 por ciento. En análisis de los datos se considera que es muy alto el porcentaje de contratos de obra asignados de manera directa, lo que puede considerarse como una falta de competitividad de las empresas”.
Dicha priorización de las adjudicaciones directas en Chiapas, estaría produciendo un escenario que implica una violación de carácter constitucional.
“Ambos casos de contratación de obra o adquisiciones no se apegan a lo establecido en el artículo 134 de la CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), que refiere a que estos se deben de adjudicar a través de licitaciones pública, en el que el resultado será otorgar al estado mejores condiciones del servicio tanto en precio como en calidad de los bienes”.