Opacidad en contratos
El Poder Legislativo local oculta las versiones digitales de un total de 48 acuerdos comerciales firmados en lo que va de 2022 y que superan los 60 millones de pesos, según información disponible en plataformas de transparencia
La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México mantiene en la opacidad parte de los contratos para la adquisición de bienes y servicios firmados durante el año 2022.
Una consulta hecha a plataformas de transparencia revela que ninguno de los contratos celebrados por el Legislativo puede ser consultado directamente por la ciudadanía. Lo que va en contra de los marcos normativos en la materia.
Esto destaca debido a que tanto la primera como la segunda Legislatura se han caracterizado por cometer irregularidades en compras de bienes y servicios.
De enero a septiembre de 2022, el Congreso local ha firmado un total de 48 convenios comerciales, muestra información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Poder Legislativo de la ciudad.
En total, dicha cantidad de contratos representan 67 millones 225 mil 507 pesos, pagados de los recursos públicos.
Sin embargo, las versiones digitales de los documentos y sus anexos técnicos no pueden ser consultados por la ciudadanía: los links para descargar los documentos en ambas plataformas abren un documento que dice “No se cuenta con la información”.
Transparentar los contratos así como los anexos de los acuerdos comerciales se encuentra estipulado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
“La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los contratos celebrados”, detalla la fracción XXX del marco legal respecto a lo que los entes públicos deben dar a conocer sobre sus adquisiciones.
Cabe mencionar que al no estar pública esta información, además de no poder conocer los anexos técnicos de los bienes comprados, la población está imposibilitada a saber los precios unitarios de lo adquirido o arrendado, los datos fiscales de los proveedores y el nombre de los funcionarios que los autorizaron.
Aunado a lo anterior, los 48 contratos fueron firmados a través de adjudicación directa; es decir, en ningún proceso hubo concurso de licitación pública, lo que va en contra de lo que mandata la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
Todos los acuerdos comerciales fueron otorgados mediante adjudicación directa, mecanismo que la Ley de Adquisicones de la ciudad delimita utilizar en casos de excepción
“Poco trabajo, mucho gasto” detalla que entre 2021 y 2022 el organismo ha gastado casi un millón de pesos en servicios de alimentos y jardinería.
“Las adjudicaciones directas no podrán exceder del 20 por ciento del volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios autorizados para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades”, señala el artículo 55 de la disposición local.
Ese mismo apartado detalla los casos de excepción en los que está justificada la adjudicación sin competencia entre varios privados para las licitaciones, especificando que se puede recurrir a ese mecanismo de compra cuando un proveedor tenga la patente del bien requerido, o cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región.
Del mismo modo, al no estar disponibles las versiones públicas de los contratos, se desconoce con qué argumentos legales el Congreso adjudicó directamente a los proveedores beneficiados con los más de 60 millones de pesos.
Historial de anomalías
El pasado 6 de octubre, Reporte Índigo publicó en el texto “Congreso de la CDMX, poco trabajo, mucho gasto” que, durante 2021 y 2022, el organismo legislativo de la ciudad ha gastado casi un millón de pesos en comprar bienes y servicios que no contribuyen a solucionar el rezago que padece en iniciativas. Entre lo adquirido, destacan alimentos, servicios de jardinería y baterías.
La nota detalla que el primer año de sesiones ordinarias de la II Legislatura comenzó el 1 de septiembre de 2021 y concluyó el pasado 31 de mayo. En ese periodo, de acuerdo con información sobre las iniciativas presentadas en el pleno, los diputados locales, ciudadanos y el Poder Ejecutivo propusieron mil 853 reformas a la ley o puntos de acuerdo.
Sin embargo, solo 422 iniciativas, el 22 por ciento, fueron dictaminadas en comisiones y aprobadas por el pleno.
Asimismo, se precisa que mil 172 iniciativas; es decir, el 63 por ciento, no han sido dictaminadas; mientras que 224 propuestas de reforma a la ley, 12 por ciento del total, ya fueron dictaminadas por las comisiones del Congreso de la ciudad, pero no han sido aprobadas en el pleno.
A su vez, 29 iniciativas, 1.50 por ciento, fueron retiradas por los promoventes y seis, el 0.30 por ciento, fueron desechadas.
El Poder Legislativo de la capital se ha caracterizado por ser de los más caros del país: en el año 2016, en Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que, en promedio, cada diputado capitalino costaba 26 millones de pesos al año.
Seis años después, según el informe “Congresos ricos, auditorías pobres” (IMCO, 2022) destaca que la situación es similar al indicar que cada congresista de los legislativos de la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Morelos cuestan más de 20 millones de pesos.
Agrega que los congresos estatales con más presupuesto en términos absolutos son los de la capital del país, con mil 600 millones de pesos; el del Estado de México, con mil 278 millones de pesos; y Michoacán, con 934 millones de pesos.
En contraste, los congresos con menor presupuesto son los de Colima, con una partida de 115 millones de pesos; el de Yucatán, con 140 millones de pesos; y el de Coahuila, con 200 millones de pesos.
El que la información de los contratos no pueda consultarse, contraviene a lo estipulado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas local