Perú en incertidumbre
A pesar de que el Congreso peruano nombró como jefa de Estado a Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo por golpe de Estado e ‘incapacidad moral’, el caso del dirigente sindical deberá ser analizado por las autoridades
La población peruana amaneció con una nueva persona a la cabeza de su país: Dina Boluarte. Desde ayer, la funcionaria de 60 años dejó su cargo como vicepresidenta y asumió el de mandataria luego de que así lo decidiera el Congreso de la Nación tras destituir de la presidencia a Pedro Castillo.
De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución peruana, si hay un impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia, asume sus funciones el vicepresidente, o de lo contrario el presidente del Congreso.
Ante la toma de posesión de Boluarte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), saludó a la funcionaria y reafirmó el apoyo de la organización a la democracia, la paz, la institucionalidad y a la “imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en Perú con un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso”.
Fue con 101 votos a favor y seis en contra que los integrantes del Congreso peruano aprobaron la vacancia de Castillo, pues consideraron que el izquierdista tenía “incapacidad moral” para ejercer su cargo, además de que estaba llevando a cabo un golpe de Estado.
Los congresistas llegaron a esa conclusión tras escuchar las declaraciones que horas antes había emitido el entonces presidente, como que disolvería el Congreso y e iniciaría un Estado de excepción.
Según Castillo, su objetivo era restablecer el Estado de Derecho y la democracia; sin embargo, sus declaraciones lo llevaron a ser detenido y trasladado a la sede de la Prefectura para analizar su situación.
A través de redes sociales, se compartieron videos y fotografías del dirigente sindical dentro de las instalaciones de la Policía Nacional, a donde acudió para enfrentar su proceso.
Mientras eso ocurría, algunos de los ministros del gabinete presidencial comenzaron a dejar su cargo, como los encargados de Economía, Justicia y Relaciones Exteriores. Según medios locales, no querían estar involucrados en el golpe de Estado.
Antes de que Castillo fuera llevado a las autoridades, se creía que podría resguardarse en la Embajada de México en su país, por lo que con ayuda de sus automóviles un grupo de ciudadanos comenzó a rodear las instalaciones de la sede diplomática con el objetivo de que el dirigente no accediera.
Las primeras declaraciones sobre la situación en Perú las presentó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las cuales a través de un comunicado detallaron que se deslindaban de las órdenes del mandatario, pues su decisión de disolver al Congreso “constituía una infracción a la Constitución”.
De igual manera, la Embajada de Estados Unidos en Perú recalcó que rechazaba cate
góricamente cualquier acto “extraconstitucional” del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpliera con su mandato.
Desde México, el canciller Marcelo Ebrard informó vía Twitter que el país lamentaba los últimos acontecimientos en Perú, por lo que hacían votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese “entrañable pueblo hermano”.
Asimismo, el secretario añadió que ante las circunstancias actuales se posponía la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría lugar el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Lima.
Fue a finales de noviembre pasado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ciudad de México no sería sede de la Alianza, sino la capital peruana a fin de que su homólogo Pedro Castillo estuviera presente, pues el Congreso no le permitió salir del país por acusaciones en su contra.
Respecto a la vacancia de Castillo, el jefe de Estado mexicano declaró que consideraba “lamentable” que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de su ahora exhomólogo se haya mantenido un ambiente de “confrontación y hostilidad en su contra” hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución.
“Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”, compartió.
Al igual que López Obrador, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó lo ocurrido en Perú, enfantizando que lo que el país y América del Sur necesitan en este momento es diálogo, tolerancia y convivencia democrática.
“Espero que la presidenta Dina Boluarte tenga éxito en su tarea de reconciliar al país y conducirlo por la senda del desarrollo y la paz social”, dijo.
Un inicio poco prometedor
Desde que Pedro Castillo ganó la presidencia de Perú en julio de 2021, las acusaciones en su contra no dejaron de aparecer, empezando con las sospechas de que había intervenido en los resultados electorales.
En ese entonces, Perú recibía a su quinto presidente en cuatro años, pues desde el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (20162018), la mayoría fueron acusados de corrupción, orillándolos a dimitir.
Al igual que sus antecesores, en octubre pasado Castillo fue señalado por la Fiscalía de la Nación por supuestamente liderar una organización criminal, estar involucrado en tráfico de influencias y colusión.
Debido a esas acusaciones, este miércoles el Congreso realizaría una votación para analizar su destitución, lo cual finalmente se logró tras las declaraciones del izquierdista.