Política judicializada
La crisis política entre el Gobierno estatal y el Congreso local está judicializada. Juicios de amparo, controversias constitucionales y juicios políticos contra funcionarios son algunos de los elementos que demuestran que Nuevo León se encuentra ante una situación sin precedentes.
Denuncias penales relacionadas con la designación de los miembros del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción (SEANL), y con la elección de un nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia, son dirimidas en tribunales.
Este enfrentamiento comenzó con varios juicios de amparo contra la designación de varios de los miembros del Comité de Selección, con lo que inició una disputa para ocupar estos cargos honoríficos.
Con este recurso legal promovido en el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación por Juan Guillermo Ávila Sarabia y Mario Alberto García, quienes eran candidatos al Comité, los quejosos buscaban que el Congreso repusiera el proceso.
Durante días, este juicio puso en el limbo a los integrantes de este órgano ciudadano, pues Carlos Armando Moreno Pérez, secretario en funciones de juez de este Juzgado otorgó una suspensión provisional, la cual fue aprovechada por legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) para desprestigiar al Comité y a sus miembros.
Sin embargo, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito exhibieron el actuar del juzgador, quien cayó en contradicciones en la suspensión provisional 1476/2020 otorgada a García.
La resolución del juzgador no se apegó al acto reclamado por la parte quejosa. García solicitó la suspensión de la formación del Comité, pero Moreno Pérez estimó procedente que el Congreso local no designara al titular de la Fiscalía.
“El juez de distrito va más allá de lo que se le pidió, manda a suspender la designación de la Fiscalía”, dijo el magistrado, Sergio Alvarado Puente, por lo que el Tribunal revocó la suspensión.
Samuel García busca apoyo en la SCJN
El gobernador Samuel García interpuso, el pasado 15 de noviembre, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos del Congreso local, con el objetivo de que fuera repuesto el proceso para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia.
Con esto, García intenta impedir que el exprocurador y exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sea seleccionado para ocupar dicho cargo por diputados del PRI y PAN, quienes representan la mayoría en el Poder Legislativo.
En un comunicado que informa sobre la controversia, Samuel García aseguró que el proceso para designar al nuevo fiscal está completamente viciado, pues algunos de los candidatos no presentaron su carta de no antecedentes penales y la de no inhabilitación.
Previamente, el Gobierno estatal suspendió la entrega de estos dos documentos cuando ya había comenzado este proceso, aunque algunos funcionarios estatales que buscaban convertirse en el nuevo
Los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo han llegado hasta los tribunales. Juicios políticos, amparos, denuncias penales, entre otros instrumentos legales han sido las armas de ambos bandos, lo que solo ha ahondado en las diferencias que mantiene el gobernador Samuel García con el Congreso, cuya mayoría está compuesta por diputados del PRI y el PAN
titular de la Fiscalía, no tuvieron problema para obtenerlas.
Según el mandatario este proceso no se llevó bajo el principio de paridad, lo que constituye una violación a la Constitución federal y local.
El pasado 15 de noviembre, la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo subió de nivel después de que el gobernador Samuel García interpusiera una controversia ante la SCJN para obligar al Congreso a reponer el proceso de designación de un nuevo fiscal
EL MISMO PRESUPUESTO Y SIN AJUSTES EN ABASTO DE AGUA
Amparo contra juicio político
El secretario de Gobierno, Javier Navarro, informó que interpuso un amparo contra el juicio político que el Congreso local prepara en su contra, a la vez que aseguró que existen irregularidades en este proceso.
En una rueda de prensa, llevada a cabo el pasado 30 de noviembre, el funcionario estatal aseguró que el Congreso no respetó los procedimientos, pues asegura que la ley marca que el acusado cuenta con cinco días para contestar la demanda de juicio político y que él sólo contó con un día para hacerlo.
Además, señaló a Ivonne Álvarez, diputada del PRI, por la emisión de firmas apócrifas en las iniciativas enviadas al Periódico Oficial del estado para su publicación, mientras era presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.
El juicio político en contra de Javier Navarro se sustenta en la omisión de no publicar decretos en el órgano de difusión del estado, tal como lo marca la Constitución local.
Amparo por cuentas congeladas
El conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se extendió a los municipios metropolitanos y rurales en los que gobiernan el PRI y el PAN, a quienes se les congelaron cuentas por adeudos del Impuesto Sobre Nómina que cobra el Gobierno.
Ante esto, los municipios recurrieron a varios amparos. La
alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, informó que obtuvo un amparo y logró liberar las cuentas del municipio, con lo que se logró cubrir la nómina de cuatro mil 500 trabajadores.
El problema se originó por una multa de 47 millones de pesos, por el pago extemporáneo de Avanzan los días y aún no hay este impuesto de los años 2020 certeza de cómo quedará, finaly 2021. Otros municipios han mente, el presupuesto de Nuevo interpuesto este recurso para León para el próximo año. liberar sus cuentas. Y aunque hay varias propuestas, nos dicen que muy probablemente permanezca la Ley de Egresos de este año, mientras la Ley de Ingresos que mandó el Poder Ejecutivo, y que contempla un aumento de los impuestos, se rechazará para instaurar la misma propuesta que se envió en 2021 para el año en curso.
Es lo más viable, nos aseguran. Mientras tanto, el mandatario se negó a mandar su presupuesto después de saber que los diputados tenían la intención de “meterle tijera”, y dejarlo tal y como en 2022.
Lamentablemente quienes perderán serán los neoleoneses y todo por la falta de acuerdos entre el Gobierno de Samuel García, los diputados de las bancadas del PRI y el PAN; mayoritarias en el Congreso, y los alcaldes, quienes piden una bolsa de 12 mil millones de pesos, aunque el gobierno estatal sólo les ofrece mil 50 millones de pesos.
El mandatario actúa como si los recursos fueran solo para los proyectos del Ejecutivo. El titular de la administración estatal parece no estar considerando que aún le quedan 5 años de mandato, en los que no puede seguir en desacuerdo con el Congreso.
Sin ajustes en abasto de agua
Finalmente se consumó el trasvase a Tamaulipas. Con ello, la presa
El Cuchillo se quedó con 49.5 por ciento de agua, es decir, a la mitad de su capacidad de almacenamiento.
Nuevo León se encuentra en la misma situación en la que se hallaba este 2022, cuando enfrentó una crisis hídrica sin precedentes. Debido a que las condiciones hacia 2023 son las mismas, el problema del agua continuará, lo que representa un reto para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a cargo de Juan Ignacio Barragán.
La diferencia hoy es que Barragán sabe que el estado cuenta con poca agua, aunque mantiene la esperanza de que haya más lluvias para recuperar el líquido cedido a Tamaulipas. La empresa tendrá que continuar regulando las presiones en la Zona Metropolitana de Monterrey, para poder librar con éxito un posible desabasto y no confiarse a un evento extraordinario, sino priorizar la planeación.
Hasta el momento no se ha informado si se ha adquirido más equipo para regular la presión, hecho que debería manejarse con transparencia. Por cierto, a través del aumento que Barragán encajó a los ciudadanos, por medio de la propuesta de Ley de Ingresos, planea recaudar 315 millones 786 mil 240 pesos.