LA MINERÍA SACRÍLEGA
Una ofensiva jurídica ensombrece el decreto que expidió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2023, para proteger los lugares sagrados de este grupo originario
El decreto que expidió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2023, para proteger los lugares sagrados del pueblo Wixárika, y donde se establecieron restricciones para las actividades económicas que pueden causarles afectaciones, como sucede con la minería, se encuentra en un combate judicial.
Así lo reveló el “Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta”, una organización que se encuentra conformada “por las autoridades tradicionales, agrarias, civiles y miembros de las comunidades del Pueblo Wixárika ubicados en la sierra madre occidental entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas”, según se precisa en su portal.
En cumplimiento al “Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan”, el 9 de agosto de 2023, el presidente López Obrador expidió el “Decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikan, y se crea la Comisión presidencial para su cumplimiento”.
En el Artículo 1 de dicho ordenamiento, el Gobierno mexicano estableció: “Se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikan”; mientras que mediante el Artículo 3, “se reconoce el derecho de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O’dam o Au’dam y Mexikan a utilizar sus lugares y sitios sagrados, para llevar a cabo sus rituales y ceremonias tradicionales”.
El Artículo que es combatido ante tribunales es el 4 que impone la obligación para las autoridades gubernamentales de proteger los lugares sagrados del pueblo Wixárika y, por lo tanto, de impedir la llegada de actividades económicas que pudieran alterar las condiciones culturales y naturales de los mismos.
Dice al respecto el Artículo 4 del decreto: “Las autoridades del Estado mexicano deben respetar y promover las acciones necesarias para proteger, preservar y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, el equilibrio ecológico y el medio ambiente de los lugares y sitios sagrados y sus rutas de peregrinación, por lo que no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras industrias que los afecten o deterioren. Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben coordinarse con las entidades federativas y municipios que correspondan”.
Fue durante el foro “Wirikuta: 13 años en defensa del territorio sagrado”, celebrado hace unos días por el Consejo Regional Wixárika, así como por el Centro Universitario de Incidencia Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, que se reveló la existencia de impugnaciones legales contra ese decreto presidencial.
En el comunicado que emitió la casa de estudios el 22 de abril de 2024, sobre dicho encuentro, se señala: “El 9 agosto de 2023, Día de los Pueblos Indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para proteger y salvaguardar estos lugares, no obstante, algunos de los ejidatarios se han mostrado contrarios al mismo y se
De acuerdo con la información que ha publicado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, vinculada con el “Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexikan”, se tienen identicadas al menos 203 concesiones mineras
El Artículo que es combatido ante tribunales es el 4 que impone la obligación para las autoridades gubernamentales de proteger los lugares sagrados del pueblo Wixárika
ampararon para permitir la ejecución de las concesiones. Hasta que no se resuelva el fondo del asunto, las empresas mineras no pueden realizar actividades ni de exploración ni de explotación”.
Invasión minera
De acuerdo con la información que ha publicado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, vinculada con el “Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Náayeri,
O’dam y Mexikan”, se tienen identi icadas al menos 203 concesiones mineras vigentes localizadas en el área de in luencia de los lugares sagrados wixaritari.
En el apartado de “Lugares Sagrados, Cultura e Identidad” puede descargarse el listado de esas concesiones mineras vigentes, de las cuales 179 estarían localizadas en el territorio de San Luis Potosí; mientras que las 24 restantes corresponden al estado de Zacatecas.
El Instituto Nacional también reporta la identi icación de al menos tres minas en operación en los lugares sagrados wixaritari, todas en el estado de San Luis Potosí. La primera de estas por la empresa Grupo México, para la extracción de plata, cobre y zinc; la segunda de la irma Negociación Minera Santa María de la Paz, para extraer cobre, plata y oro; y la tercera, en manos de Santa Cruz Silver Mining LTD, para extraer oro, plata, zinc y cobre.
Batalla judicial
En el comunicado sobre el foro “Wirikuta: 13 años en defensa del territorio sagrado”, se informa también que existen acciones jurídicas para cancelar las concesiones mineras existentes en los lugares sagrados wixaritari:
“Se hizo un llamado a las instancias judiciales para que se cancelen las 78 concesiones mineras que amenazan a 70 por ciento de esta área natural protegida, compuesta por 140 mil hectáreas y que abarca los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí”.
Y complementa el documento: “El pueblo wixárika se encuentra ubicado en distintos puntos de la Sierra Madre Occidental en los estados de Jalisco, Durango y Nayarit; cuenta con una población de más de 44 mil habitantes, y Wirikuta es uno de los cinco sitios sagrados de esta cultura”.