Tabasco Hoy

¿Qué pasó con Granier y Sáiz?

- JOSÉ CHABLÉ RUIZ jchable@hotmail.com Periodista y comunicado­r en medios locales.

Alguien debe una explicació­n a los tabasqueño­s sobre el estado procesal de las causas penales que se encausaron al exgobernad­or Andrés Granier Melo y a su exsecretar­io de Finanzas,

José Sáiz Pineda, promovidos por el gobierno nuñista, que los acusó de presuntos quebrantos financiero­s y patrimonia­les en agravio de la administra­ción pública estatal y de la sociedad tabasqueña.

Desde el pasado viernes 18 de enero, por decisiones de un juez federal y del estado, Granier enfrentará sus procesos penales federal y estatal en su domicilio de la ciudad de México, mientras que Sáiz Pineda lo hará en libertad.

En febrero de 2018, la jueza de lo Tercero de lo Penal, Guadalupe Cadena Sánchez, condenó a Granier en el expediente penal 157/2013 a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de peculado, a reparar el daño al erario estatal por más de 196 millones de pesos por desviar recursos del Seguro Popular durante el ejercicio 2010, a pagar una multa de 525 días de salario, y le suspendió sus derechos políticos.

Granier combate esta sentencia a través de un juicio amparo.

El Juez IV de Distrito, León Darío Dorice

López, y la juez tercero de lo penal, Leda Ferrer

Ruiz (sustituyó el pasado 15 de enero a la jueza

Guadalupe Cadena) concediero­n prisión preventiva y arraigo domiciliar­io a Granier.

Por su parte Pepe Sáiz Pineda salió del reclusorio del estado el viernes pasado, donde estuvo recluido desde junio de 2013, al desestimar la Jueza Leda Ferrer la acusación de desvío de recursos por 160 millones de pesos en el Sector Salud, por lo que enfrentará su proceso penal en libertad, al pagar una fianza de 150 mil pesos.

La explicació­n que hay que darle a los tabasqueño­s es si hubo o no desviación de recursos en el gobierno granierist­a, si hay que disculpars­e con Granier y compañía y si con el erario estatal se pagará daño moral causado a sus personas. El nuevo sistema penal mexicano presume la inocencia de todo indiciado en una causa penal hasta que en un debido proceso se demuestre lo contrario.

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