Coahuila: cerrar el debate por el pasado

REPRESENTANTES DE DISTINTAS BANCADAS DE LA OPOSICIÓN EXIGIERON QUE SE INVESTIGUEN INDICIOS REVELADOS DURANTE EL JUICIO DE MILLÁN VÁZQUEZ

La historia reciente de Coahuila se encuentra cubierta de claroscuros, marcada por la incertidumbre y la sospecha respecto de capítulos relevantes que a todos nos conviene esclarecer. Y mientras eso no suceda, el debate sobre el pasado se mantendrá tercamente como un asunto del presente.

Quienes desean sepultar el pasado —porque en éste se encuentran ocultos todos sus pecados— insisten una y otra vez en convocarnos a “darle a vuelta a la página”, a cesar en la insistencia de que se aclare el origen y destino de la ‘megadeuda’, los nexos gubernamentales con la delincuencia organizada, el atraco presuntamente cometido en contra de las arcas coahuilenses.

Pero una y otra vez sus intentos fallan y, pese al paso de los años, el reclamo sigue allí y se aviva a la menor provocación. De algo pueden estar seguros quienes le apuestan al extravío de la memoria colectiva: la demanda por la verdad no va a desaparecer hasta que sea satisfecha, es decir, hasta que se arroje luz sobre las islas de oscuridad construidas en nuestro pasado reciente.

Un buen ejemplo de ello es el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la discusión que se generó ayer en el Poder Legislativo de Coahuila a propósito de las revelaciones realizadas por testigos presentados en el juicio contra Marciano Millán Vázquez, operador en Coahuila de la organización criminal conocida como Cártel de los Zetas durante la administración encabezada por Humberto Moreira Valdés.

Como se ha informado ya, algunas de las principales revelaciones realizadas durante el proceso criminal apuntan en la dirección de que la influencia de la referida organización delincuencial habría sido de tal magnitud que incluso habrían actuado como contratistas del Gobierno del Estado y utilizado la infraestructura y el equipo de éste para evadir a las autoridades federales.

Al respecto, y como cabría esperar, representantes de distintas bancadas de la oposición han unido voces para exigir que se investiguen los indicios revelados durante el juicio que concluyó con la declaración de culpabilidad de Millán Vázquez.

En la acera contraria y de espaldas a la realidad, el diputado priísta Francisco Tobías insiste en el discurso con el cual se ha intentado, en todo este tiempo, disipar las sospechas: “…no lo creo, porque no hay prueba alguna… son declaraciones de un delincuente que no ha presentado nada que sustente sus dichos. Esta persona, que incluso ha estado en ‘talk shows’ en Estados Unidos, hace comentarios de todo pero no podemos andarle creyendo lo que dice”.

Sin duda, no deben darse por buenas las palabras de un individuo que también ha confesado su participación en actividades delincuenciales. De la misma forma en que no deben darse por buenas las palabras de nadie sin tener mayores evidencias de la certeza de sus dichos.

Pero la discusión aquí no estriba en si le creemos o no a los testigos presentados por la Fiscalía estadounidense. La pregunta es, ¿por qué no consideramos acá a posibilidad siquiera de investigar la veracidad de las historias que en Estados Unidos han producido ya al menos una sentencia condenatoria?

Si de verdad se quiere sepultar el pasado, ésa es la única ruta eficaz.