Ocultó Gobierno de FCH 220 mmdp en 8 penales
Obras se entregaron con años de retrasos; Cefereso de Coahuila aún no entra en operaciones
CDMX.- Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de 8 nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos; el Cefereso de Coahuila aún no entra en operaciones.
Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al Gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.
Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el Gobierno Federal –a través del Órgano Administrativo De Prevención y Readaptación Social– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los 8 penales sólo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil mdp los cuales deben pagarse obli- gatoriamente como lo marcan los contratos.
DEUDA DISFRAZADA
En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García, firmó 7 contratos para la construcción y operación de igual número de Ceferesos en distintos estados del País. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.
Para edificar los penales, el Gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 mdp.
ENTREGAS RETRASADAS
Los contratos firmados con los proveedores fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.
Los penales debían acabarse en un plazo máximo de 2 años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que 7 penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y 1 más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos. En Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aún no entraba en funcionamiento.
Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.