La corrupción mutila y mata
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presenta observaciones graves en el sector salud, tanto en el manejo de los recursos como en la prestación de los servicios. Por su efecto en dolor, costo y muerte, urge corregir esta situación.
El informe de revisión de la Cuenta Pública 2015 presentado en días pasados por la ASF observa 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado. Es decir, en los recursos que se transfieren del presupuesto federal a los gobiernos estatales. De ellos, casi la tercera parte, 21 mil millones corresponden al sector salud.
De hecho, el Seguro Popular ocupa el primer lugar en el monto de las observaciones. A esas observaciones se suman las realizadas al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del Ramo 33 y al componente de salud del Programa Prospera.
Estas desviaciones multimillonarias de recursos son una constante en los últimos años. De hecho, las pocas denuncias penales que se han girado por corrupción corresponden a recursos para la salud, especialmente del “Seguro Popular”.
Esto es muy grave. Desviar recursos para la salud es doblemente inmoral e irresponsable, por ser un acto de corrupción y por ser un acto que genera dolor y hasta muerte.
El problema es estructural. El diseño institucional del Seguro Popular funciona mediante la transferencia de recursos del presupuesto federal a los gobiernos estatales, a fin de que los Servicios Estatales de Salud (Sesa) presten el servicio a la población que no está afiliada a un sistema de seguridad social. Sin embargo, la prestación no está garantizada.
La mayor parte de los recursos del Seguro Popular se transfieren a los gobiernos estatales con base en el número de personas afiliadas, con independencia y sin considerar los servicios prestados. Es decir, no funciona realmente como “seguro” que paga por las atenciones.
El “Seguro Popular” funciona con transferencias de recursos a “ciegas”. Sin considerar ni solicitar información sobre la prestación de servicios. Peor aún, el dinero se entrega a los gobiernos estatales, aunque no hayan mejorado la capacidad de ofrecer servicios.
El incentivo de los gobernadores es “afiliar”. Así reciben las transferencias mayores. En el mismo informe, la ASF reporta que el padrón del Seguro Popular incluye 15 millones 200 mil personas que están también afiliadas al IMSS, al ISSSTE o a otro sistema de salud. Una de cada cuatro personas en el padrón del Seguro Popular están duplicadas. Los gobernadores se quedan con los recursos por haber afiliado, mientras los servicios son otorgados –se supone– por el IMSS.
Para completar la gravedad del cuadro, las auditorías de desempeño presentan datos que son inaceptables y que requieren urgente atención. Las fallas son criminales. Reporta la ASF que en 2015, se detectaron casi un millón 700 mil personas con diabetes. De ellas, casi la mitad, 812 mil personas con diabetes ya diagnosticada, no se les registra tratamiento alguno. Y de las 872 mil que sí reciben tratamiento, 93 por ciento no registra el seguimiento mediante el análisis básico de sangre (la prueba de hemoglobina glucosada) un año después.
Este ejemplo es uno entre varios similares. Pero no es cualquier ejemplo, estamos hablando del padecimiento que es la causa número uno de mortalidad de adultos en nuestro País y de la epidemia con mayor crecimiento en los años recientes.
Estamos hablando de graves fallas en la enfermedad que se espera genere el mayor costo al sistema y que produce amputaciones y muerte por falta de tratamiento adecuado. La corrupción en la salud mutila y mata.
Por eso urgen medidas para vigilar con lupa los recursos para la salud entregados a los gobiernos estatales. Esta tarea requiere participación ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debe tomar esta tarea en sus manos ya. Esto no puede esperar.