Nueva Prodemi, borrón y cuenta nueva, ¿y 783 mdp?

Hace cuatro meses, a propósito de la desaparición de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), en este mismo espacio escribí que Gobierno del Estado tenía dos alternativas: mantener cautivos a los “productores” (extractores) de carbón, comiendo de su mano, o en su defecto adiestrarlos para que ellos, por su cuenta, tuvieran los conocimientos y las herramientas necesarias para agruparse, ser autosuficientes y venderle al mejor postor.

Como era de esperarse, la administración estatal encabezada por Rubén Moreira prefirió mantenerlos en la ignorancia de los procesos productivos, dependientes, y perpetuar con ello el coyotaje que impacta directamente a 140 mil habitantes de la Región Carbonífera (70 por ciento de su población total).

Me explico. El pasado 19 de febrero, el Congreso local expidió, a iniciativa del Gobernador, la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado “Impulsora Minera del Estado de Coahuila”, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.

Si bien todavía no ha sido publicado el decreto en el Periódico Oficial (por lo cual aún no entra en vigor la Ley), y tampoco hay reglamento interior (tienen 90 días para elaborarlo), en 19 artículos el ordenamiento, a grandes rasgos, da vida a un organismo con las mismas características de la extinta Promotora sin reparar en detalles fundamentales como la producción comprobada por el Servicio Geológico Mexicano y la Dirección General de Minas.

La nueva Impulsora será, simplemente, un intermediario más. La diferencia es que ahora las cuentas del negocio empezarán desde cero. Y aquí se presenta el mayor inconveniente: la Prodemi no fue liquidada de manera oficial y en ningún documento consta que se vayan a transferir a la Impulsora los saldos de su actuación que, justo es decirlo, no son un asunto menor.

De acuerdo con los recibos de “liquidación para pago” expedidos durante su gestión, Prodemi cobró sistemáticamente 13 impuestos a los productores entre descuentos, retenciones y ajustes, los cuales no se materializaron íntegramente en programas sociales para la Carbonífera, ni en obras de infraestructura en aquella Región, ni en seguridad para los trabajadores, como se había firmado, originalmente, en el “Fideicomiso de interés público” inscrito el 15 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial.

Es pertinente recordar que, a raíz de los dos contratos de comercialización firmados el 14 de septiembre de 2012, CFE se comprometió a comprar hasta 3.3 millones de toneladas de carbón anuales a la Prodemi en un plazo de cuatro años para abastecer a sus dos centrales termoeléctricas de Nava. Y de acuerdo el Fideicomiso citado líneas arriba (artículos Cuarto y Quinto), por cada tonelada adquirida Prodemi debería descontar 28 pesos a los productores a fin de invertirlos, como se dijo, en infraestructura, programas sociales y seguridad.

Sin embargo, en la práctica les fueron rebajados 13 rubros que sumados alcanzan los 73 pesos por tonelada. A ello hay que agregar los cálculos desventajosos para los mineros por fórmulas poco claras como ajustes “por humedad excedente”, “por poder calorífico” y “por costo de eliminación de agua”, bonificaciones “por manejo y disposición de ceniza” y “por azufre”, y penalizaciones “por carbón en estado de rechazo”, sin que existiera un control y auditoría de procesos que permita verificar su correcta aplicación.

De tal forma, por 10 millones 739 mil 329 toneladas compradas a los productores entre 2012 y 2016, como consta en un reporte público en poder de quien esto escribe, el descuento final fue de 783 millones 971 mil 040 pesos.

La pregunta es ¿dónde están?

CORTITA Y AL PIE

El 26 de octubre de 2016, Jaime

Hernández Martínez, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió a una comitiva de funcionarios del Gobierno de Coahuila y a representantes de la Unión Mexicana de Productores de Carbón para “analizar los procesos competitivos” mediante los cuales adquiere carbón a la Prodemi, a fin de “ampliar la participación de pequeños y medianos productores de la Región Carbonífera”.

No obstante, la CFE informó a quien esto escribe, a través del oficio UIP/SAIP/2798/16, que “en la reunión realizada no hubo documento de trabajo. El único acuerdo consistió en que CFE, dentro de sus facultades, apoye a considerar términos que permitan la mejor inclusión de productores”.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Así, mientras la CFE ha dejado las cosas como están, el Gobierno de Coahuila se sacó de la chistera una Impulsora que sustituirá a la Promotora, con el fin de seguir administrando la necesidad. Borrón y cuenta nueva.

Pero en el ínter ya se perdieron 783 millones 971 mil 040 pesos. Una raya más al tigre.