Detenciones arbitrarias en indagatorias de Ayotzinapa
INFORMA PGR Al tener un vicio de origen, se pone en riesgo la solidez del caso
CDMX.- Un documento técnico jurídico de la PGR da cuenta de que el Ministerio Público realizó detenciones ilegales que ponen en riesgo la solidez del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y abren un flanco para que se argumente violación al debido proceso.
La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) documentó estas detenciones ilegales y arbitrarias de testigos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Al tener un vicio de origen, y el que a través de las declaraciones se haya dirigido la investigación a la quema de cuerpos en el paraje de río San Juan, son elementos que podrían poner en riesgo la solidez del caso.
De acuerdo con un documento oficial de la PGR, el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016, de la Visitaduría General, se constató que hubo detenciones que no estuvieron dentro del marco legal.
La visitaduría es un órgano de control interno que vigila dentro de la propia PGR que las investigaciones se conduzcan con apego a la ley.
En el expediente de la División General de Asuntos Internos, el Acuerdo de Conclusión señala que es procedente concluir la investigación al considerar que se han reunido “datos de pruebas bastantes para tener por acreditada la probable comisión de conductas irregulares perpetradas por servidores públicos de la institución”.
El documento señala que estas conductas “resultarían constitutivas de responsabilidad administrativa en términos del régimen jurídico aplicable a la materia”, según lo que se vierte en el propio texto.
‘EL CHEREJE’ En las 177 páginas se asientan las retenciones que decretó la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la SEIDO, respecto de siete personas relacionadas con la averiguación previa AP/ PGR/ SEIDO/ UEIMS/871/2014.
Entre estos detenidos, señala el documento, estaba Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los testigos clave de este caso.
“Se realizaron de manera ilegal y arbitraria, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política”, dice el documento.
En el texto también se lee que el agente del Ministerio Público habría incurrido en responsabilidad también, debido a que asentó que a las 23:15 horas del día 27 de octubre de 2014, recibió el certificado médico de Agustín García, con la presentación de éste por parte de elementos de la Marina Armada de México.
Sin embargo, en el contenido de dicho documento se desprende que el mismo fue terminado de elaborar el 28 de octubre de 2014, es decir, al día siguiente sin hora precisa.
Sostiene que sin fundamento permitió el traslado de “El Chereje” al paraje del río San Juan, y ahí habría señalado el lugar donde se aventaron los restos de los jóvenes normalistas.
Dentro de los señalamientos también destaca que no se procuró que “El Chereje” viajara al río San Juan acompañado de su abogado. De acuerdo con el documento, el Ministerio Público decretó también la detención de Jorge Luis Poblete Aponte, sin cumplir los protocolos de ley, por lo que el texto señala que “fue a su vez arbitraria”.
También se detalla que hubo irregularidades en retenciones ministeriales ilegales y arbitrarias de Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes.
En el documento se precisa que las detenciones guardan identidad en la forma en que fueron decretadas, y no se garantizó la seguridad jurídica.