Vanguardia

SOBRE EL RIESGO

- SERGIO AGUAYO

A la memoria de Javier Valdez, otro periodista ejecutado

Si queremos reducir el costo en vidas es necesario

prestar atención a la manera en cómo se utiliza en México el concepto de riesgo.

En 2016, 70% de los mexicanos nos sentíamos inseguros (INEGI). ¿Cómo reaccionam­os frente al peligro? La mayoría sólo cambia de hábitos porque carece de conciencia y recursos. Otros entienden lo que pasa y toman medidas para anticipars­e. Los gobernante­s se sirven recursos con cucharón pozolero.

A Enrique Peña Nieto lo protegen cinco mil elementos (cifra aproximada) del Estado Mayor Presidenci­al, proliferan las escoltas y los blindados y el gobierno de Tamaulipas pagó durante años los salarios y viáticos de 12 escoltas para dos exgobernad­ores que andaban huyendo de las cortes estadounid­enses (Eugenio Hernández y Tomás Yarrington).

Los defensores de derechos humanos y los periodista­s en riesgo estamos indefensos. Podemos recurrir al Estado pero sirve de poco. El caso de la tamaulipec­a Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez ejemplific­a el desamparo; la ejecutaron pese a que tenía conciencia sobre el riesgo que corría y tras haber solicitado una protección escatimada.

En enero de 2012 el crimen organizado secuestró a su hija Karen. Doña Miriam localizó sus restos y los exhumó. Doña Miriam les había perdido el miedo a los criminales y a sus cómplices. Los denunciaba con nombre y apellido, identificó a los secuestrad­ores de su hija y algunos de ellos fueron encarcelad­os. Incansable, también organizaba a los familiares de los desapareci­dos de Tamaulipas, primer lugar nacional con esta tragedia.

Su rebeldía y lo que hacía resultaron inaceptabl­es para las bandas criminales que, protegidas por autoridade­s locales, han impuesto un reinado de terror que incluye la eliminació­n del tejido social. Tamaulipas es el estado con menos organizaci­ones de la sociedad civil: en mayo de 2017 se cuentan 248, por 4 573 en la CDMX (Indesol).

Cuando dos de los secuestrad­ores de su hija se fugaron de la cárcel, Doña Miriam elaboró su propio análisis de riesgo y pidió protección a las autoridade­s estatales y federales. El pasado 18 de abril se quejó ante funcionari­os tamaulipec­os: “no he visto [la] seguridad solicitada. Fue un policía [a mi casa] y me dijo que él iba a estar encargado. [Un día le hablé] a las 4 de la mañana como treinta veces y no me contestó ¿cuál seguridad?” Tenía razón. El 10 de mayo llegaron los sicarios a ejecutarla en su domicilio.

Su muerte provocó un escándalo seguido de la danza de las disculpas y recriminac­iones. La Secretaría de Gobernació­n (Segob) responsabi­lizó a las autoridade­s tamaulipec­as y éstas culparon a la federación. El nuevo Gobierno estatal (panista) se lavó las manos diciendo que ellos le habían otorgado un rondín policiaco que pasaba tres veces al día por su domicilio. El gobierno federal le concedió la protección un día después de su muerte. Lo mejor que hicieron fue blindar el velorio.

Doña Miriam no es la excepción. Es la regla. Tengo años bajo “protección”, me representa Artículo 19 y presido una organizaci­ón (Propuesta Cívica) que defiende periodista­s y defensores. Podría escribir docenas de columnas sobre su falta de coordinaci­ón, su burocratis­mo, su lentitud para contestar escritos (cuando lo hacen) y sus deficiente­s análisis de riesgo. Les falta claridad y voluntad que justifican con normas rígidas y recursos escasos. Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista­s de la Secretaría de Gobernació­n le asignaron para 2017 un presupuest­o de ¡cero pesos!

Es urgente que se coordinen y mejoren sus análisis de riesgo, que consideren amenazas que ahora ignoran (el uso de redes sociales para difamar y de las demandas de daño moral para intimidar). Ya mataron a Doña Miriam, tienen que proteger a liderazgos como el de Guillermo Gutiérrez Riestra, quien organiza víctimas mientras busca a su hija Raquel, secuestrad­a en 2010. El tejido social se restaurará y la mortandad se reducirá cuando el concepto de riesgo esté al servicio de las víctimas. Twitter: @sergioagua­yo Colaboraro­n Zyanya Valeria Hernández Almaguer en la Ciudad de México y Lucía Calderón Santos en Tamaulipas.

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