ANALIZA ARTÍCULO EDITORIAL DE SALVADOR HERNÁNDEZ
Agradecería a usted si la presente aclaración del artículo “Para no variar” del ingeniero Salvador Hernández Vélez del pasado viernes, fuera publicada en Foro de VANGUARDIA.
Señala que las modificaciones a la fiscalización no fueron notificadas a los partidos políticos; es falsa la aseveración, pues su asistencia a las sesiones de los consejos en las que se aprueban los acuerdos sirven para efectos de notificación, es decir, con el sólo hecho de formar parte del Consejo General y de asistir a sus sesiones, los partidos políticos deben darse por notificados de las decisiones que en ellos se deliberan y aprueban. Por lo anterior, en mi opinión, lo señalado es con el propósito de posicionar en la opinión pública la postura del partido promovente.
En lo referente a las vacaciones de los consejeros, el INE terminó la fiscalización y aprobó un dictamen, con plena validez, el cual hizo del conocimiento de los partidos, candidatos y tribunales. El plazo del 15 de agosto sólo es para dar oportunidad a los partidos políticos que no presentaron las pruebas y que afirman que no pagaron a sus representantes puedan demostrarlo. En la fiscalización no se tomó en cuenta ese gasto, por lo que existe la posibilidad de que el rebase de los topes de campaña sea mayor, pero en ningún caso menor. Resulta poco creíble que se afirme que los partidos políticos no pagan a sus representantes de casilla.
El Ing. Hernández Vélez señala que el INE es responsable del retraso en la apertura de casillas, aquí recordar que más de cuarenta escuelas, en Saltillo y Torreón, con un número de casillas de cuando menos el triple. Al llegar los funcionarios de casilla se percataron que en las rejas habían colocado cadenas de acero y candados de alta seguridad sellados además con silicón. Infortunadamente hasta el momento no es posible atribuir la autoría ni contabilizar ese gasto y la pregunta es: ¿quién lo hizo?
Referente a la capacitación hay que mencionar que como nunca el INE tuvo renuncias de capacitadores y supervisores electorales, habitualmente cuando mucho es necesario emitir una o dos convocatorias para suplir renuncias, y en esta ocasión hubo un distrito en Saltillo que tuvo que emitir diez convocatorias. Se está en proceso de análisis de las causas, pero dos consejeras del Consejo Local corroboraron, en trabajo de campo, que un partido político les pagó una suma sustancialmente mayor para que renunciaran y ese hecho quedó asentado en una de las actas del Consejo Local.
Los partidos políticos y candidatos tienen derecho a impugnar ante los tribunales las decisiones del INE y argumentar lo que a su favor convenga, aportando las pruebas. El INE no anula la elección ni la confirma, serán los tribunales a quienes toca decidir y no niego la posibilidad de que suceda algo parecido a lo que ocurrió en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, en donde habiéndosele comprobado su participación en secuestro y tortura, salió libre por “fallas en el debido proceso”. La decisión de la Corte en el caso Cassez, seguramente, estuvo apegada a derecho, pero ¿se hizo justicia?, ¿generó confianza en la institución?
Lo cierto es que a dos meses de la elección tenemos un Gobernador que ha sido declarado “Gobernador electo”, pero que no sabemos si será él quien dirija los destinos de Coahuila a partir del 1 de diciembre.
Los ciudadanos queremos democracia, reconocemos que las elecciones se pierden o se ganan por un voto, pero exigimos que esos votos sean libres, sin coacción, sin compra de los mismos y sin el uso de los recursos del Estado para inclinar la balanza. La credibilidad en las instituciones electorales está en entredicho, y la confianza ciudadana en ellas ha disminuido. No sigamos contribuyendo a destruir las instituciones que los mexicanos nos hemos dado para poder convivir en paz.