Masacre de Allende, ¿las condenas son suficientes?
La Fiscalía General de Coahuila informó ayer que logró, de un juzgado penal, la emisión de una sentencia condenatoria de 75 años de prisión en contra de Juan Ariel Hernández Ramos, uno de los involucrados en la masacre de Allende, en la cual habrían perdido la vida hasta 300 personas en el año 2011.
La condena en contra de Hernández, quien en la época se desempeñaba como segundo en la línea de mando de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Allende, debe considerarse, sin duda, un éxito de la investigación de este caso.
En sentido estricto, con la imposición de tal pena, que considera condenable el hecho de que Hernández Ramos colaborara con el grupo criminal que perpetró los hechos, se ha hecho justicia, pues se ha condenado a un individuo que colaboró en la ejecución de hechos que son agraviantes para la sociedad.
Sin embargo, aun cuando es dable considerar que la sentencia obtenida por la Fiscalía, con base en la evidencia que proporcionó al juez, implica un acto de justicia, resulta imprescindible preguntarse si la sola emisión de sentencias es suficiente para reparar el daño ocasionado por este lamentable episodio.
La respuesta rápida es no. Y eso se debe a que la condena de quienes participaron materialmente en hechos tan lamentables como la masacre de Allende es insuficiente para reparar las consecuencias que el episodio tuvo en la vida de quienes se vieron involucrados en tal episodio.
Además de la condena en contra de quienes tuvieron participación —activa o pasiva— en lo ocurrido, es necesario que las víctimas de lo ocurrido, que no son solamente las personas que perdieron la vida en este episodio, puedan cerrar el episodio de duelo que los hechos les provocaron.
También es indispensable que la comunidad —y no solamente los habitantes de Allende— conozca la verdad de lo ocurrido y que la historia de este episodio sea preservada con el propósito de que su recuerdo evite que un episodio similar vuelva a ocurrir.
Porque cuando un pueblo atraviesa por una experiencia como la que ocurrió en el municipio de Allende no estamos hablando simplemente de un hecho delictivo que deba ser investigado, perseguido y castigado, sino de un fenómeno social que demanda respuestas más allá del derecho.
Lo ocurrido en Allende en el año 2011 constituye un episodio que ha marcado la historia entera de Coahuila y que debe ser evaluado con una perspectiva que va mucho más allá del derecho penal, pues retrata el fracaso de las instituciones públicas en su responsabilidad de garantizar la prevalencia del estado de derecho.
Por ello, que los individuos involucrados en tales hechos -sean funcionarios públicos o civilesreciban condenas que implican purgar largos períodos en prisión, representa sólo una parte del proceso de hacer justicia en este caso y no puede considerarse que con tal hecho el asunto ha sido zanjado.
No son los jueces, desde luego, a quienes corresponde realizar la otra parte del proceso de hacer justicia, sino a las autoridades políticas y por ello habría que esperar de estas una respuesta puntual al respecto.
Lo ocurrido en Allende en el año 2011 constituye un episodio que ha marcado la historia de Coahuila y que debe ser evaluado con una perspectiva que va mucho más allá del derecho penal