Ni aritmética ni sentido común
El 30 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el “Modelo Óptimo de la Función Policial”, un documento de monitoreo para la homologación de las policías estatales mediante 10 indicadores. Sin embargo, este “modelo” presenta varias deficiencias, empezando por el hecho de publicarse al final del sexenio cuando, en todo caso, debió ser presentado al inicio del gobierno. De hecho, uno supondría que, a estas alturas, deberían hacer un análisis crítico sobre el desastre que dejan. En todo caso, no es propiamente un “modelo”, sino una serie de requisitos, algunos ya contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tampoco es obligatorio, al no considerarse para la asignación anual de recursos federales para la seguridad en los estados. Y tampoco se entiende el por qué se excluyen del “modelo” a otras policías, como las municipales o la Policía Federal. Son diversas las críticas que pudieran formularse, pero me centraré en uno de los requisitos, denominado “estado de fuerza mínimo”, que se refiere al número de elementos que debe tener cada policía.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, responsable de la elaboración del “modelo”, estableció un “estándar” de 1.8 policías por cada mil habitantes. ¿De dónde sale este número? Resulta del promedio entre el estimado del estado de fuerza policial entre países miembros de la ONU en 2006 (2.8 policías por cada mil habitantes) y el promedio nacional de policías estatales que han acreditado sus exámenes de control de confianza a enero 2017 (0.8 por cada mil habitantes). Sumaron el 2.8 con el .8, lo dividieron entre dos, y listo. Se trata de un absurdo, por las siguientes razones:
Los 2.8 policías por mil habitantes no es un número recomendado por la ONU, sino el promedio de una encuesta respondida por diversos países, y en
la que México, por cierto, no contestó; sí, en cambio, lo hicieron países como Estados Unidos, Belice, El Salvador y Costa Rica. Si calculamos el número de policías reportados por estos países y su población estimada en 2006, Belice tuvo, entre estos países, la tasa más alta de policías (3.7), seguido de Costa Rica (2.7), El Salvador (2.4), y Estados Unidos (2.23). Es difícil imaginar que este promedio permita inferir algún número ideal de policías para países tan dispares. De hecho, la ONU informó en 2010 que las tasas varían significativamente, elevándose a 4 policías por mil habitantes en algunos países asiáticos o europeos.
Con respecto a la cifra de 0.8 policías estatales por cada mil habitantes con los que cuenta México, los números no son reales y la tasa tampoco cuadra. Primero redujeron el número de policías, eliminando a los que no tienen su certificado de control de confianza (aunque sí estén trabajando), luego excluyendo a las policías municipales, a la Policía Federal, y a quién sabe cuántos de los 97 mil policías de la Ciudad de México. Después, inventaron una población en México de 149.16 millones (según Conapo somos 123.5 millones) para que esos 120 mil un policías estatales aprobados den una tasa de 0.8. Si en el Secretariado Ejecutivo no conocen de aritmética, pero contaran con sentido común, no hubieran publicado este “modelo”.
Presentar ocurrencias que no son “modelos”, ni mucho menos son “óptimos”, no suma: resta. ¿Para esto se tardaron cinco años? Lo que sumaría es que los próximos responsables de la seguridad sean capaces de construir un Sistema de Desarrollo Policial obligatorio para todas las instituciones, sean municipales, estatales o federales; uno que, finalmente, permita el fortalecimiento de nuestras policías.
Colaboró: Clemente Romero Olmedo, investigador de Causa en Común Presidenta de Causa en Común @Maelenamorera