Llevan a corte internacional Ley de Seguridad Interior
Buscan que México retire al Ejército de la Seguridad Pública
SAN JOSÉ, COSTA RICA.ANTE el temor de que agudice la violación a los derechos humanos de los mexicanos, la Ley de Seguridad interior (LSI) será denunciada hoy por 28 organizaciones no gubernamentales de América Latina, Estados Unidos y Europa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bogotá, Colombia.
Dicha ley fue emitida a mediados de diciembre de 2017 por el Senado y la Cámara de Diputados, sin embargo las organizaciones advierten que impulsará la militarización de la sociedad al otorgar mayores poderes a las Fuerzas Armadas.
A la audiencia acudirá una representación del Estado mexicano, ya que la comisión, con sede en Washington, existe al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos, acordada en 1969 en Costa Rica, ratificada por México y en vigencia desde 1978.
La denuncia se presentará el último día del 167 periodo de sesiones de la CIDH, que empezó el lunes pasado en la capital colombiana en donde participan representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), agrupación no estatal con sedes en EU, Costa Rica
Falta de controles. Ausencia de políticas de fortalecimiento
protección y garantía
Afectaciones a la protesta
y Argentina, y parte del bloque, informó que el objetivo es evaluar el impacto de la ley que le concede a las Fuerzas Armadas de México “mayores poderes en tareas de seguridad pública –sin cumplir con las normas internacionales de derechos humanos– bajo la justificación de combatir la delincuencia organizada”.
En un anticipo de la denuncia con algunos alegatos que se expondrán a la CIDH, CEJIL subrayó que “numerosas recomendaciones de mecanismos internacionales”, incluida la comisión, insistieron en la necesidad de retirar al Ejército de la seguridad pública.
Precisó que México adoptó “un marco normativo que intentará proveer cobertura legal” a las tareas castrenses en seguridad pública.
Entre las organizaciones que pugnan por la cancelación de la Ley de Seguridad Interior se encuentran la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otras.
Hoy viernes, a petición de la CIDH, también se realizará una audiencia de supervisión del seguimiento por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace más de tres años.