Ser mujer, ¿es sinónimo inevitable de víctima?
Los diagnósticos más crudos de la realidad suelen afirmar sin ambigüedades que el ser mujer, en sociedades como la nuestra, constituye de suyo un handicap en contra. Y si a esta circunstancia se le añaden otras características –como ser pobre, ser indígena o sufrir alguna discapacidad– el panorama se vuelve aún más sombrío.
En cierta medida existe razón en esta afirmación, al menos en lo que toca a la victimología en materia delictiva, específicamente en lo que hace a los delitos de índole sexual. Y es que los ataques sexuales constituyen, sin duda alguna, uno de los atentados más violentos en contra de la integridad y la dignidad de un ser humano, pues implican colocar a la víctima en una de las peores circunstancias de vulnerabilidad posibles.
No son las mujeres las únicas agraviadas de este tipo de delitos, por supuesto, pero las estadísticas son contundentes al retratar la realidad: un estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicado en el año 2016, señala que de 2010 a 2015 se registraron en México casi 3 millones de casos de violencia sexual, y que el 90 por ciento de las víctimas fue una mujer.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, en el cual se reseña el ataque del que fue objeto una mujer residente de Saltillo, a quien habrían ultrajado cuatro individuos en la zona conocida como “bordo del ferrocarril”, entre las colonias Cerro del Pueblo y Panteones.
El ataque habría ocurrido a plena luz del día, cuando la víctima, de apenas 18 años de edad, se dirigía a una entrevista de trabajo. Los atacantes, quienes tenían los rostros cubiertos, la habrían sometido a golpes para posteriormente atarla y ultrajarla.
¿Cómo se explica que un hecho de esta naturaleza ocurra en plena zona urbana y a plena luz del día?
La primera respuesta que se antoja es la existencia de una alta expectativa de impunidad por parte de los agresores, quienes muy probablemente confían en que no se les pueda reconocer, pero además deben confiar en que no serán delatados o que las autoridades policiales no realizarán una investigación adecuada.
Todos los delitos que no se investigan adecuadamente y, por ende, quedan sin castigo, ofenden a la sociedad. Pero sin duda que los delitos de este tipo, en los cuales las víctimas son sometidas a vejaciones extremas en su propio cuerpo, constituyen un motivo de mayor agravio y repudio para todos los miembros de la comunidad.
Por ello, las autoridades responsables de procurar justicia no pueden –no deben– escatimar esfuerzos en realizar una investigación pulcra que conduzca a la identificación inequívoca de los culpables y su sometimiento al juicio correspondiente.
Dejar en la impunidad este tipo de delitos no solamente implica que no se haga justicia, sino que alienta, a quienes puedan sentirse tentados a imitar la conducta, a dar el paso definitivo. Además, implica una doble victimización de quien ha padecido el ultraje, pues difícilmente podría sentirse tranquila sabiendo que se encuentra a merced de sus victimarios.
De 2010 a 2015 se registraron en México casi 3 millones de casos de violencia sexual, donde el 90 por ciento de las víctimas fue una mujer, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas