SNTE Coahuila: el derrumbamiento de un modelo
El magisterio coahuilense, en particular el agremiado en la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, logró en algún momento de la historia pactar con el Gobierno del Estado la entrega del sistema de Seguridad social a dicho Sindicato, a fin de que los profesores se encargaran por completo de su administración.
De esta forma, los fondos de pensiones, vivienda y salud pasaron, en los hechos, a formar parte del “patrimonio” sindical y, como era de esperarse, los dirigentes gremiales comenzaron a “administrarlos” a su antojo y conveniencia.
El resultado ha sido el previsible: el sistema de seguridad social del magisterio coahuilense está quebrado desde hace décadas y vive en crisis permanente. En particular, el fondo con el cual debe financiarse el sistema de salud se encuentra en ruinas, y tal circunstancia es posible apreciarla a simple vista asistiendo a las clínicas del magisterio.
La enésima muestra de la crisis se vivió ayer en las calles de Saltillo, cuando un contingente de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila realizó una marcha y una manifestación de protesta, luego de entregar en el Congreso del Estado una propuesta de modificaciones a las leyes que regulan el funcionamiento del fondo pensionario y el servicio médico del magisterio estatal.
El contingente, integrado por profesores jubilados, reclamó una vez más que se les realicen descuentos a sus pensiones como condición para recibir servicio médico en las clínicas del magisterio.
En el fondo del problema se ubica el diseño que, el Gobierno de Coahuila y la Sección 38 del SNTE, pactaron en el pasado para operar el sistema de salud: crear un mecanismo que en teoría es público, pero que en la realidad funciona como un ente privado que sólo otorga servicios a cambio de que se pague por ellos, al menos parcialmente.
Así pues, los integrantes del gremio magisterial, aunque teóricamente tienen garantizada la salud, porque se trata de un derecho consagrado en la Constitución, en los hechos no pueden acceder a ello porque el sistema, al cual se encuentran suscritos, opera a partir de un esquema semiprivado.
La crisis del servicio médico se ha vuelto endémica y no se revertirá a menos que se corrija el problema de fondo, y ello no se resolverá simplemente haciéndole nuevos “parches” a la normatividad vigente, pues eso lo único que logrará es lo que han hechos las reformas que vienen realizándose desde hace al menos cuatro sexenios en Coahuila: heredar la crisis al siguiente gobierno.
Lo que se requiere es una modificación radical del modelo y su sustitución por uno en el cual, además de que la dirigencia sindical deje de tener participación en su administración, el Estado asuma por completo sus responsabilidades.
El derecho a la salud es uno de los más relevantes en el catálogo de promesas que la Constitución hace a los ciudadanos. La obligación inherente a dicha promesa no puede eludirse ni trasladarse, como en Coahuila ha ocurrido debido a la pésima decisión adoptada en el pasado, de entregarle a la dirigencia sindical la administración del sistema de seguridad social de sus agremiados.
El sistema de seguridad social del magisterio coahuilense está quebrado desde hace décadas, cuando lograron que el Gobierno estatal les entregara su administración