Órganos autónomos, ¿no requieren vigilancia?
Una pregunta que suele hacerse cuando se discute sobre el diseño y la operación de los sistemas de vigilancia del sector público —teóricamente imlementados para garantizar la eficacia y honestidad en el funcionamiento de éste— es quién vigilará al vigilante.
En efecto, la intuición más elemental conduce rápidamente a la conclusión de que, en culturas como la nuestra, la corrupción florece porque el sector público opera con base en un esquema de complicidades del que, necesariamente, los denominados “órganos de control” deben ser parte, pues no se explica de otra forma la impunidad generalizada.
La evidencia que existe, por otra parte, deja claro que la intención inicial de crear los órganos de control no fue la de combatir la corrupción, sino la de contar con información que le permitiera, a quienes se ubican en la parte más alta de la irámide del poder, garantizar la lealtad de los subordinados y “controlar” la eventual disidencia política.
Incluso el discurso actual evidencia la propensión de nuestra clase política a utilizar los órganos de control como instrumento de control y venganzas políticas y con frecuencia puede observarse el uso de “filtraciones” con dicho propósito.
No existe pues en nuestra tradición gubernamental, el compromiso de combatir con seriedad la corrupción y esa es una posición en la cual coinciden todas las fuerzas políticas cuyo compromiso con la transparencia, por sólo poner un ejemplo, es de escaso a inexistente.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que media docena de organismos públicos autónomos de la entidad han pasado casi dos años sin tener un órgano interno de control, pese a que la legislación aplicable obliga a ello.
La nota relevante del asunto es que entre dichos órganos se encuentra la propia Auditoría Superior del Estado, es decir, el órgano que se encarga de verificar que las diferentes instancias de la administración pública estatal cumplan con la ley y sus integrantes se conduzcan con apego a la misma.
Se trata, por supuesto, de un contrasentido monumental. ¿Cómo podemos confiar los ciudadanos en que la ASE realmente hace cumplir la ley y garantiza el comportamiento pulcro de las instancias gubernamentales de la entidad si es la primera institución en incumplir la norma?
Podrán ofrecerse mil y un explicaciones, pero el hecho concreto es puntual e irrebatible: la primera instancia obligada a conducirse con apego a la legalidad en Coahuila es la primera en violentar el marco jurídico y seguramente lo hace porque nadie es capaz de alzar la voz para señalárselo.
Frente a tal realidad, las suspicacias inevitables en nuestra cultura se actualizan de inmediato: ¿cómo se garantiza que la institución encabezada por Armando Plata Sandoval se conduce con apego a la legalidad?
Mientras no exista una entidad que vigile su conducta —porque así lo manda la ley—, creerlo será sólo un acto de fe.
Mientras no exista una entidad que vigile la conducta de los órganos de control— porque así lo manda la ley—, creerlo será sólo un acto de fe