Riesgo de uso de la política social, la necesidad de institucionalidad
En México la pobreza la vemos diario, la desigualdad también. También oímos casos de corrupción, de desvío de fondos. Sin embargo, el cruce de estos temas es algo que además de las implicaciones éticas que puede tener, afecta los derechos humanos de las personas. Es por ello, que la política social, a través de las intervenciones para el desarrollo social (programas y acciones), debe protegerse en todo momento de cualquier abuso, desvío o uso político electoral de los recursos destinados a ellos, esto se previene con solidez institucional.
Es bajo esta lógica que nació IPRO en 2009, la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales www.programassociales.org.mx de Transparencia Mexicana (TM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD). IPRO es una plataforma pública, independiente y neutral abierta a registro constante que identifica y promueve la adopción de atributos relacionados con lineamientos normativos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, control y fiscalización y participación ciudadana para mejorar la institucionalidad de las intervenciones para el desarrollo social y disminuir el riesgo de que sean utilizados para otros fines, incluyendo los político-electorales.
Esta plataforma parte del autodiagnóstico voluntario de operadores de las intervenciones de desarrollo social de dependencias federales y entidades federativas. En la convocatoria de 2018, a partir de la información y documentación que suben a la plataforma, IPRO recibió información de 543 intervenciones de 13 dependencias federales, 24 entidades federativas, tres delegaciones y un municipio. Coahuila fue uno de los ocho estados que no participaron este año en IPRO y por ende no se tiene información de los atributos de institucionalidad que tienen sus intervenciones sociales.
Algunos datos relevantes del Informe de Resultados IPRO 2018 es que 45, 56 y 75 por ciento de las intervenciones federales, estatales y municipales respectivamente, no eligen a sus beneficiarios con base en criterios socioeconómicos. Asimismo, que 38% de las intervenciones federales y 50% de las estatales reportaron no disponer de mecanismos para la prevención de delitos electorales como la compra, coacción o condicionamiento del voto. También que la mitad de las intervenciones a nivel estatal no cuentan con mecanismos de contraloría social, participación ciudadana o evaluación.
Estos son solo algunos de los vacíos institucionales que afectan a la política social del país. IPRO es una herramienta para detectarlos, pero es necesario que tanto gobierno como ciudadanía contribuyan a identificar y mitigar riesgos para atender las áreas de oportunidad detectadas, sin ello, las intervenciones para el desarrollo social difícilmente funcionarán y seguirán estando en riesgo de uso.