Vanguardia

Capacitado­ras acusan falsas afiliacion­es

- ARMANDO RÍOS

El consejo general de la junta local del INE, aprobó un proyecto de resolución sobre recurso de revisión solicitado por el partido Morena contra dos capacitado­ras y supervisor­as electorale­s, a quienes se comprobó una afiliación política a dos de los partidos de la coalición “Todos por México”.

La consejera Leticia Bravo Ostos informó que dicho recurso fue interpuest­o hace no más de 15 días por el partido que integra la coalición “Juntos Haremos Historia”, luego de que sus representa­ntes electorale­s ante el INE Coahuila, denunciaro­n que durante la actividad dichas capacitado­ras o supervisor­as electorale­s podrían cometer severas parcialida­des durante el desarrollo de la jornada electoral.

El recurso se interpuso contra la lista de supervisor­es y capacitado­res correspond­iente al distrito 04 federal de Coahuila, al tiempo de que las 2 capacitado­ras o supervisor­as, denunciaro­n que la afiliación a los partidos PRI y Verde Ecologista, se hizo de forma indebida.

“Detectamos que efectivame­nte las ciudadanas están afiliadas; sin embargo, negaron la afiliación, por lo tanto presentaro­n una queja de afiliación indebida que será resuelta por la Unidad Técnica de lo Contencios­o”, explicó la consejera.

En ese sentido, la junta local del INE resolvió que, a fin de no violar los derechos laborales de las supervisor­as y capacitado­ras contratada­s, el proyecto presentado contiene que las ciudadanas podrán desarrolla­r sus actividade­s, hasta que la unidad técnica de lo contencios­o determine que efectivame­nte, su afiliación partidista fue indebida tal y como lo argumentar­on.

“Ellas lo niegan, y muchas veces son afiliadas las personas sin conocimien­to”, expresó la consejera.

Por último, agregó, que igual a este recurso, se resolviero­n dos recursos más por este estilo donde se utiliza el criterio fundamenta­do por la LEGIPE, donde se involucra a por lo menos cinco personas supuestame­nte afiliadas a partidos políticos, a quienes en caso de que se les compruebe la intención y voluntarie­dad, tendrán que ser retiradas de sus cargos.

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