Fiscalía Anticorrupción: ¿cómo investiga la corrupción?

Sí, vamos a abrir una carpeta de investigación para revisar sobre todo que no haya algún ejercicio ilegal de atribuciones o facultades, esto está en el Código Penal, en el 448, en la fracción séptima…”.

“Hay que verificar, primero, que no se haya hecho una aplicación distinta de los fondos o también el otorgamiento de contratos, adquisiciones o asignaciones que pudieran presentarse”.

Las frases anteriores corresponden a declaraciones realizadas por el fiscal Anticorrupción del estado, Jesús Homero Flores Mier, al pronunciarse respecto a la información publicada por VANGUARDIA en los últimos días, y que implica la posible comisión de actos ilícitos derivados de la irregular asignación de contratos para la adquisición de útiles escolares en el municipio de Ramos Arizpe.

Como se recordará, en ediciones anteriores se ha informado de la contratación, presuntamente irregular, de las empresas Aldavis Comercializadora y Servicios S.A. de C.V., Xpress Impresores, así como de Alejandro Rodolfo Gámez Figueroa, quien es reconocido como “gestor social” del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Ramos Arizpe.

También se ha informado que, frente a los señalamientos públicos, la administración que preside Lilia María Flores Boardman intentó justificar las adquisiciones –por más de tres millones de pesos– publicando de madrugada los contratos que las ampararían.

Como suele ocurrir en estos casos, la documentación exhibida por la administración municipal registra inconsistencias que ponen la mesa para la especulación y obligan a cuestionar la licitud de los actos detrás de los contratos firmados.

Adicionalmente, lo dicho por el fiscal Flores Mier obliga a preguntar cómo es que las instancias del Sistema Anticorrupción del Estado realizan sus funciones y qué “técnicas” utilizan para detectar posibles irregularidades en la actuación de las instituciones públicas.

Y es obligado preguntar por qué aun cuando debe saludarse el hecho de que el fiscal Anticorrupción haya anunciado la apertura de una carpeta de investigación, también debe hacerse énfasis en el hecho de que ésta no se abrió sino a partir de las revelaciones periodísticas.

Las notas publicadas sobre el presunto hecho irregular demuestran que sólo es necesario estar atentos a lo que los mismos entes públicos ponen a disposición de la ciudadanía, para detectar tramas que podrían implicar actuaciones contrarias a la ley.

Entonces, si cualquier reportero puede fácilmente detectar un presunto acto ilegal, ¿por qué las instancias del Sistema Anticorrupción no las detectan antes si, por lo menos en teoría, a eso se dedican de tiempo completo y han sido dotadas para ello de los instrumentos necesarios?

¿Por qué hace falta esperar a que sean los medios de comunicación los que realicen los “hallazgos” y los denuncien públicamente para que la Fiscalía decida investigar tales hechos?

Por lo demás, el reconocimiento expreso de Flores Mier no deja lugar a dudas de que, con publicación o sin ella, lo ocurrido en Ramos Arizpe convoca a la sospecha pues, de acuerdo con sus palabras textuales, “los hechos están muy concretos, como lo señala la nota. Entonces es más fácil la investigación”.

Si cualquier reportero puede fácilmente detectar un presunto acto ilegal, como el de la alcaldesa de Ramos, ¿por qué las instancias del Sistema Anticorrupción no las detectan antes?