Catorce días sin Fuero en Coahuila

Detecta ASE desfalco por $475 mdp en sexenio pasado.

En el sexenio presidencial de “La Estafa Maestra” (2012-2018), caracterizado –entre otros delitos– por el desvío sistemático de recursos (7 mil 670 millones de pesos) a través de la simulación de contratos públicos con proveedores inexistentes, Coahuila no se quedó atrás.

Y no podía ser de otra manera. Al fin priista, la entidad –a través de sus representantes– actuó en sintonía con el Gobierno Federal, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha concluido –casi dos años después de que Grupo Reforma descubriera el caso– que hubo un desfalco por 475 millones de pesos (y no 410 como se había informado inicialmente, en diciembre de 2017) producto de “14 ó 15” empresas denominadas “fantasmas” (legalmente constituidas pero carentes de recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura).

No sólo eso, “a finales de junio, o principios de julio”, en palabras del Auditor Superior, la ASE denunció penalmente ante la Fiscalía “a quien resulte responsable” por el daño patrimonial correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 (año en que aparentemente concluyó la sangría de recursos tras ser descubierto el asunto).

Aunque de la Fiscalía General se turnarán a la Fiscalía Anticorrupción, un ente burocrático y caro que a la fecha ha demostrado ser útil para cualquier asunto excepto para lo que debería ser su cometido: hacer justicia, el tema revelado se torna interesante por una correlación de factores.

Como todo mundo sabe, inmediatamente después de dejar la gubernatura, en 2017, Rubén

Moreira se integró al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Luego en el proceso electoral escaló posiciones hasta llegar a la Secretaría General hace un mes. El jueves pasado, sin embargo, renunció a su cargo y con ello al auténtico fuero, en la praxis.

Entre la fecha mencionada, 16 de agosto, y el 1 de septiembre que protestará la nueva Legislatura en la cual fungirá como diputado federal por la vía plurinominal, hay 14 días. Catorce días sin fuero. Nunca como hoy había estado expuesto, carente de blindaje, sin ese yelmo virtual. Trazando una línea del tiempo a partir del 1 de diciembre de 2005, fecha en que su hermano asumió la gubernatura de Coahuila, no se había producido un momento coyuntural tan importante.

En Chihuahua y Veracruz – empujados por la alternancia en la administración estatal– se descubrió la cañería. Una red organizada. Por menos (415 millones de pesos desviados mediante 33 empresas fantasmas), el Gobierno de Veracruz denunció a Karime Macías, esposa del exgobernador Javier

Duarte, recluido actualmente. También por mucho menos (250 millones de pesos) el priista coahuilense Alejandro Gutiérrez está preso en Chihuahua. Otros involucrados en ambas entidades ocuparán una curul hasta el 31 de agosto. Por ello no se les ha podido indiciar. A partir del 1 de septiembre –si hay interés– inicia la cacería.

CORTITA Y AL PIE

No se puede soslayar la actuación de la Auditoría Superior del Estado. Se trata de la misma dependencia que ordenó reservar por nueve años, con motivos absurdos (estar en proceso de fiscalización), la información relativa a la cuenta pública 2010 (año en que desaparecieron 18 mil millones de pesos).

Asimismo en abril 27 de 2012 la ASE presentó una Controversia Constitucional (CC-3/2012) al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) contra la resolución RR00039011 del ICAI, expediente 545/2011, que le ordenaba entregar copia de todos los documentos que integran la cuenta pública del Poder Ejecutivo durante 2010 al Grupo Reforma, que así lo solicitó en octubre 31 de 2011. Pese a que el TSJE decidió sobreseer la demanda en julio 2 del mismo año (en otras palabras, puso fin al juicio sin emitir una sentencia), la ASE nunca entregó nada concreto al solicitante.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, sin protección de la cúpula partidista, un PRI en sus horas más bajas de la historia y a punto de la extinción, con un correligionario presidente en funciones borrado del mapa, una denuncia penal en curso, y 14 días sin fuero, se presenta una oportunidad para desdibujar ese ominoso periodo de la historia estatal conocido como “moreirato”. El círculo se va cerrando. Salvo que, por supuesto, interceda por él Miguel Riquelme, quien le debe nada más una gubernatura pero a casi un año de mandato sigue requiriendo legitimidad.

Quién le pone el cascabel al gato.