Sistemas pensionarios, ¿quién pagará los ‘platos rotos’?

Uno de los más serios problemas a los cuales debe enfrentarse la administración pública de casi cualquier país del mundo es el colapso de los sistemas pensionarios. Y buena parte de “la culpa” de ello es el éxito que hemos tenido como especie para incrementar nuestra expectativa de vida.

En efecto, entre 1950 y el año pasado, la esperanza de vida de los mexicanos pasó de poco menos de 50 a 75.3 años, de acuerdo con el Inegi. El incremento debe ser celebrado, desde luego, sobre todo si se considera que hace medio siglo la tercera parte de las muertes ocurridas en el País se debían a enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que ahora esa cifra descendió a menos del tres por ciento.

Sin embargo, además de celebrar que ahora vivimos más, resulta indispensable hacerse cargo de las consecuencias colaterales que tal hecho implica, entre ellas el que los sistemas pensionarios se han vuelto inviables, pues en no pocos casos quien hoy se jubila puede cobrar una pensión incluso por más tiempo del que trabajó.

Este último hecho es particularmente cierto en el caso de los empleados públicos, cuyos sindicatos negociaron condiciones de jubilación que hoy resultan imposibles de financiar porque se pactaron más a partir de consideraciones políticas que de criterios técnicos.

Existen en este sentido, casos extremos como el del Sindicato de trabajadores del IMSS, cuyos miembros se jubilan a una edad promedio de 52 años e incluso reciben mejores ingresos ya jubilados que cuando se encontraban en activo. Y si a eso se añade que durante medio siglo a todo mundo “se le olvidó” iniciar la constitución de un fondo pensionario para dichos trabajadores, la situación actual del IMSS se explica sola.

En este contexto, a nadie debe extrañarle enterarse que el Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado de Coahuila se encuentre en la ruta del colapso, tal como lo viene advirtiendo la Auditoría Superior del Estado desde hace ya varios años.

El diagnóstico es crudo a cual más: de seguir la ruta que lleva, el fondo pensionario de la burocracia coahuilense agotará por completo sus recursos en pocos años, sufriendo un punto de inflexión en el 2020.

Para dimensionar el tamaño del problema no hace falta sino subrayar una cifra: el Instituto cuenta actualmente con una reserva de 248 millones de pesos, pero tan sólo este año el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado proyecta transferirle recursos por el doble: 496 millones.

Pero ni siquiera transferencias de esa magnitud evitarán que colapse, pues la única solución real –como ocurre con todos los fondos pensionarios gubernamentales– consiste en modificar las bases sobre las cuales se encuentra construido.

Y tal como ocurre con otros fondos –entre ellos el del magisterio estatal– la pregunta es exactamente la misma: ¿tendrá los arrestos la administración estatal actual de entrarle a la solución de fondo del problema, o continuará con la estrategia de “patear el balón” esperando que sea al próximo gobierno al que le estalle la bomba?

Ni siquiera transferencias de 496 mdp evitarán que colapse el sistema de pensiones de Coahuila, la única solución es modificar las bases sobre las que se encuentra construida