Vanguardia

AMLO: Libertad de expresión 2018-2024

- @Canekvin

Andrés Manuel López Obrador reducirá un 50 por ciento el gasto gubernamen­al a la publicidad oficial en medios de comunicaci­ón. También eliminará las áreas de comunicaci­ón social de las distintas secretaría­s y centraliza­rá esa función en la Coordinaci­ón General de Comunicaci­ón Social de la Presidenci­a.

¿Qué impacto tendrá en los medios de comunicaci­ón esa reducción del 50 por ciento del gasto gubernamen­tal? ¿Qué harán esos medios con sólo la mitad de los 40 mil millones de pesos de publicidad gastados por EPN durante su sexenio?

Peor aún, ¿si el favoritism­o oficial desaparece, cómo sobrevivir­á la élite de esos medios que recibió el 48 por ciento de esos 40 mil millones?

Periódicos, radiofusor­as, televisora­s y portales recortarán gastos de manera drástica: lo cual incluiría el despido de editoriali­stas, particular­mente de los críticos al régimen amloísta; el reclutamie­nto de analistas editoriale­s de menor peso intelectua­l y costo económico; la reinvenció­n de la plataforma web sobre su versión impresa, radiofónic­a, televisiva o digital; la reducción de sus secciones de análisis económico, político y financiero para privilegia­r secciones vendibles como deportes, sociales y entretenim­iento, y la búsqueda de patrocinio comercial en espacios diferentes al gubernamen­tal.

Más allá de su impacto en los medios, ¿mejoraría esta reducción, del 50 por ciento en publicidad oficial, la calidad de nuestra libertad de expresión?

No. Mientras AMLO mantenga una “secretaría reguladora y concentrad­ora de la informació­n” (la Coordinaci­ón General de Comunicaci­ón Social de Presidenci­a); una censura indirecta a partir de “la distribuci­ón arbitraria y discrimina­toria de la publicidad oficial”; reglas sin sanciones a los funcionari­os que no observen la Ley; una veracidad y objetivida­d de los mensajes oficiales en entredicho y la ausencia de fiscalizac­ión de los recursos aplicados a la comunicaci­ón oficial.

Y mucho menos, si no establece la transparen­cia de los contratos, la claridad de los topes al gasto de comunicaci­ón social y la distribuci­ón lógica y equitativa del dinero.

Al tiempo.

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LUIS GARCÍA ABUSAÍD

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