Casinos en Coahuila: ¿es un debate político?

Tras conocerse que el Ayuntamiento de Torreón habría expedido una licencia de funcionamiento que permitiría la reapertura de una casa de apuestas -o casinoen aquella ciudad, el Gobierno del Estado fijó postura en sentido contrario, advirtiendo además que los casinos no regresarán a Coahuila.

“Hoy lo reitero: las cosas que nos hicieron bajar los delitos y que hicieron erradicar los delitos, a Coahuila no regresan. Los casinos no van a regresar a Coahuila, eso es algo que lo dije desde el inicio de mi gobierno”, afirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme. En principio es cierto que la operación de casinos -en Coahuila y en otras regiones del país- se identificó como una de las actividades a partir de las cuales se generaron focos de inseguridad debido a que el crimen organizado encontró en este giro una fuente de ingresos.

A partir de esa experiencia es cierto también que la clausura de este tipo de establecimientos, y la construcción de una política de prohibición en la entidad, contribuyeron al retorno de la tranquilidad que habíamos perdido los coahuilenses.

Es preciso decir también, sin embargo, que los casinos por sí mismos no constituyen un problema de seguridad pública, si bien representan otro tipo de riesgos que también deben ser preocupación de las autoridades, particularmente las responsables de la salud pública.

Justamente por esto último, el planteamiento en torno a la posibilidad de que vuelvan a funcionar casas de apuestas en la entidad debe ser debatido teniendo en cuenta las aristas adicionales a la seguridad pues ésta, en última instancia, implica en todo caso el reconocimiento de la incapacidad del estado para garantizar que los giros comerciales de cualquier tipo puedan operar en un ambiente de seguridad.

La observación es relevante, además, porque si el argumento en contra de los casinos se basa sólo en los riesgos de seguridad pública se corre el peligro de que la discusión se contamine a partir de un hecho concreto: el ayuntamiento de Torreón y la administración estatal tienen orígenes partidistas distintos.

Y, como se ha dicho e innumerables ocasiones, uno de los peores errores que pueden cometerse, en el camino hacia la consolidación de un esquema capaz de hacer sentir seguros a los ciudadanos, es politizar la discusión pública del tema.

No es que la arista no sea importante. El punto fino del asunto es que no se trata del único elemento que debe tenerse en cuenta para fijar posición a favor o en contra de la operación de casinos en la entidad, pues ello equivale a criminalizar a quienes, de forma legítima -independientemente de si a nosotros nos gustan los casinos o no- quieren invertir en un giro que es legal.

Y acaso, en última instancia, los problemas de salud pública que implica la operación de casinos, o los de índole económica, son tanto o más relevantes que los de seguridad, razón por la cual deberían ocupar un lugar relevante en una discusión que pretenda construir una opinión pública informada.

Es preciso decir también, sin embargo, que los casinos por sí mismos no constituyen un problema de seguridad pública