Seguridad de periodistas y defensores de DH en vilo
La falta de recursos pone contra las cuerdas los protocolos de protección
El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, dijo que debido a que la Secretaría de Hacienda no terminó de entregar los recursos federales, mañana viernes concluye el contrato con la empresa encargada de accionar los protocolos de protección y seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos que se han visto amenazados.
Como miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Xicoténcatl Carrasco detalló que se estima que será de este viernes y como máximo para el 31 de octubre, cuando todos los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, escoltas y refugios tengan que ser retirados de las más de 727 beneficiadas con los protocolos a nivel nacional.
“Este es un protocolo que se les da a ellos y a sus familias porque su vida está en peligro. Ese recurso ya se ha terminado, a pesar de que el Secretario de Hacienda ha declarado públicamente que hay fondos. El secretario no tiene ni idea”, dijo.
Fue en el 2017 cuando la Secretaría de Gobernación se comprometió con el Consejo Consultivo de dicho mecanismo a establecer comunicación con la SHCP para incrementar la partida de 200 millones de pesos, a los 300 millones originalmente solicitados, y aunque ya se han realizado cuatro llamados a los que se sumaron la CNDH y la ONU, la respuesta ha sido omisa.
En ese sentido, Alberto Xicoténcatl expuso que hasta hace dos meses, Coahuila figuró como el quinto lugar con mayor número de solicitudes en las cuales se han implementado 21 mecanismos que defienden la integridad de al menos 46 beneficiados del gremio periodístico y de defensa de derechos humanos, entre las cuales se encuentra la Casa del Migrante en Saltillo.
AMENAZAS LLEGAN DESDE EL PODER
De acuerdo con las cifras federales, al menos 80 por ciento de las personas beneficiadas han sido amenazadas y hostigadas por entes gubernamentales, y en el panorama estatal, las personas beneficiadas han sufrido las mismas represalias por parte de Fuerza Coahuila, Policías Municipales, Secretarías Estatales en su mayoría; sin embargo, también hay casos de personas que a través de este protocolo están siendo protegidas por grupos del crimen organizado.
“Los últimos casos fueron alrededor de 50 en septiembre, el plazo para poder protegerlos es hasta el viernes. Si el viernes no hay un peso, se tienen que dejar de aplicar las medidas, y para los otros restantes, tenemos hasta el 31 de este mes, pero eso es porque la empresa ha sido solidaria, porque hoy podría retirarlos”, expuso.