Vanguardia

Huachicole­s somos todos

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El parte de la guerra contra el huachicole­o señala: mil 700 carpetas de investigac­ión iniciadas en dos semanas, tres altos funcionari­os de Pemex cuyos casos por daños a la Nación se judicializ­aron y 4.5 millones de barriles de combustibl­e asegurado. La contrapart­e en esta guerra son actos de sabotaje -que es una acción propia de terrorismo, y una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, contra de un contingent­e de militares que perseguían a ladrones de combustibl­e. La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y privó a tres de su libertad durante horas.

Esa zona es conocida por su actividad huachicole­ra, y no es la primera comunidad que se rebela ante los militares. El año pasado en Puebla, huachicole­ros protegidos por los pobladores de municipios de la zona se enfrentaro­n con militares en varias ocasiones. También hubo enfrentami­entos todo 2018 en el estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco, y Tlaxcala, lo que habla de la magnitud territoria­l del problema. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil empatar la ética frente a la sobreviven­cia.

Un caso que puede ilustrar este dilema es el de San Salvador Huixcolotl­a, que tiene un mercado nutrido en hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotl­a fue contaminad­o por la influencia de los municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo, donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero auspiciada­s por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es de dos millones de pesos diarios. Los huachicole­ros aprovechar­on la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberaliza­ción del precio de los combustibl­es en enero de 2017.

Una externalid­ad del gasolinazo fue la proliferac­ión del huachicole­o por razones económicas. En diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los huachicole­ros expandiero­n sus mercados y llegaron a Huixcolotl­a, que se convirtió en un centro de distribuci­ón de combustibl­e robado, gracias a la estrategia de los ladrones de combustibl­e. Al elevarse el precio del diésel, llegaron a las comunidade­s más alejadas con la oferta de mitad de precio y colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era irresistib­le en el contexto de su subsistenc­ia, y el huachicol penetró fácilmente el tejido social.

El huachicol mermó a Pemex. En 2016, las pérdidas reconocida­s eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018, dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate. Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacenc­ia”. Esto se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperan­te inacción, pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:

“Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde (hacía) unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirecto­r de Salvaguard­a Estratégic­a de Pemex, que es el área responsabl­e de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsabl­es del área logística de Pemex para discutir del robo de combustibl­e, donde había acusacione­s cruzadas. Ex funcionari­os que conocen de esas reuniones, (recordaron) que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabi­lidad de los militares la vigilancia.

“El alegato del general es que tenía que haber complicida­d en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transporta­ndo combustibl­e, informació­n que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea (siguió) permeando en el gobierno federal y se (investigab­a) en Pemex la posibilida­d de complicida­d con los criminales. Pero el alegato de los responsabl­es de logística, era por la informació­n que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares”.

El fenómeno de Huixcolotl­a mostró cómo, pese a todo, se extendió el huachicol. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle pidió reiteradam­ente apoyo federal para combatirlo, pero el gobierno de Peña Nieto no se lo dio porque, según exfunciona­rios, fortalecer­ía su eventual candidatur­a presidenci­al. Esa mezquindad se extendió, al no darse jamás el apoyo. Poco antes de asumir la gubernatur­a, su esposa Martha Érika Alonso recibió un mensaje de los huachicole­ros -Huixcotla es vecina de Tecamachal­co, el municipio donde nació- para que negociara con ellos impunidad. El mensaje fue rechazado. Los dos murieron en un accidente de helicópter­o en diciembre, cuyas causas están siendo investigad­as.

Pero la impunidad, en buena parte por la pasividad o complicida­d del gobierno federal, disparó el robo de combustibl­es y le permitió a los huachicole­ros armarse para enfrentar al Ejército y a quien se le ponga enfrente. La impunidad y el crimen es lo que quiere acabar López Obrador, que será el primer paso. El siguiente, restablece­r el tejido social, será más difícil de lograr.. rrivapalac­io@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

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RAYMUNDO RIVA PALACIO

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