‘Huachicol’: ¿a dónde van los ductos del dinero?

El negocio del robo de combustible, se sabe desde hace mucho –y se sabe a nivel mundial, porque no es un fenómeno exclusivo de México–, es uno de los más importantes por el volumen de las ganancias que genera. Diversos análisis serios apuntan en la dirección de ubicarlo, incluso, como la segunda mayor fuente de ingresos del crimen organizado.

Y si algo se sabe respecto de los negocios ilícitos que arrojan grandes ganancias es que, más temprano que tarde, quienes se encuentran en la parte más alta de su pirámide administrativa deben “blanquear” el dinero obtenido de forma ilícita, utilizando como fachada para ello “negocios lícitos”.

En el caso del robo de combustible, la ecuación puede intuirla cualquiera que recurra a la lógica más elemental: dado que los hidrocarburos no forman parte del catálogo de “artículos ilegales”, sino que se comercializan de manera ordinaria –y, además, los consumimos todos–, resulta obvio suponer que la gasolina y el diésel robados a Pemex se han vendido, al menos en su gran mayoría, a través de las estaciones de servicio autorizadas.

Por ello, lo informado ayer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, no puede constituir ninguna sorpresa para nadie: mediante el análisis del comportamiento contable de las empresas que administran las estaciones de servicio ha sido posible detectar miles de “operaciones sospechosas”, que podrían estar vinculadas a la compra-venta de combustible robado.

En Coahuila, el análisis de la UIF implica operaciones, tan sólo durante 2017 y 2018, por casi 200 millones de pesos. A nivel nacional, el cálculo de la dependencia es que unos 10 mil millones de pesos habrían sido “blanqueados” por empresarios gasolineros utilizando el sistema bancario.

La mesa ha sido servida, una vez más, para el escándalo. Porque tal y como ocurrió en diversas regiones del País con el comercio de drogas ilícitas, todo hace indicar que un segmento del empresariado nacional decidió que “valía la pena” incrementar su margen de ganancias vinculándose con los grupos delincuenciales detrás del gigantesco negocio del huachicol.

Lo que se ha mostrado es, desde luego, apenas la punta del iceberg. Lo que falta es que a las multimillonarias cifras, reveladas ayer de manera oficial, se les ponga nombres y apellidos en las próximas semanas y meses; que tal acto derive en la integración de carpetas de investigación sólidas y que ulteriormente se obtengan sentencias condenatorias.

Pero el proceso anterior, vale la pena decirlo desde ahora, sólo servirá como contención eficaz para frenar el problema, si quienes terminan enfrentando la justicia son los “peces gordos”, es decir, los altos servidores públicos y los grandes empresarios que decidieron aliarse con ellos.

Mucha gente, está claro, se encuentra involucrada en este gigantesco negocio. Pero, como le gusta decir al presidente López Obrador, son “los de arriba” los que se quedan con la inmensa mayoría de las ganancias. Si ellos no caen, tan sólo se habrá cortado una cabeza a la “hidra del huachicol” y del cuello cercenado pronto saldrán dos nuevas.

El cálculo de la Unidad de Inteligencia Financiera es que unos 10 mil millones de pesos habrían sido ‘blanqueados’ por empresarios gasolineros utilizando el sistema bancario