Humberto Moreira no tiene quién le investigue
Inesperadamente el 14 de noviembre del año pasado despertamos con una noticia proveniente de la península ibérica que provocó júbilo, consternación y zozobra en Coahuila: el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz Gómez, reabrió la investigación por “blanqueo de capitales” al exgobernador Humberto Moreira Valdés y a la cual había decretado “sobreseimiento provisional” (archivarla temporalmente, pues) el 9 de febrero de 2016.
Y ocurrió gracias a una serie de acontecimientos concatenados entre sí.
Primero Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado (2010-2011) y actualmente sujeto a proceso en espera de sentencia en Estados Unidos, testificó a finales de 2017 en San Antonio e incriminó a Moreira ante el fiscal texano Russell Leachman y el fiscal Anticorrupción español Juan José Rosa, quien acudió a recabar su testimonio en Comisión Rogatoria.
Posteriormente Rolando González Treviño –también en libertad condicional, pero ya con sentencia, a diferencia de Villarreal– hizo lo propio en el mismo lugar y ante las mismas autoridades.
Con las pruebas nuevas, obtenidas de manera superviniente, el juzgador regresó a España y junto a José Grinda González, también fiscal Anticorrupción, pidieron a Pedraz la reapertura del caso, ampliando la acusación a los delitos de “malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal”.
Los periodistas españoles Carlota Guindal y José María Irujo, de La Vanguardia y El País respectivamente, han dado seguimiento al caso desde la detención de Moreira en el Aeropuerto de Madridbarajas, en enero de 2016. Guindal ha escrito que el juez Pedraz “ha acordado librar Comisión Rogatoria a Texas para poder interrogar de nuevo a los testigos” y, “según ha podido saber La Vanguardia de fuentes jurídicas, ha emitido otra Comisión Rogatoria a México para que la Procuraduría General del Estado (sic) realice las pesquisas necesarias para verificar que la información que en su día entregó Moreira para acreditar la legalidad de sus negocios es cierta”.
Hasta aquí la cadena de valor transcurre en cómo funcionan las cosas en los países con estado de derecho. Sin embargo, entra México al asunto y el círculo virtuoso se rompe. Me explico.
Luego de buscar en la Oficina del Procurador General de la República, en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó “no contar con antecedentes y/o registros relativos a la petición de auxilio judicial solicitada en noviembre de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción número 1, de la Audiencia Nacional, para que se investiguen las sociedades de Humberto Moreira y se examine la documentación que presentó al juez en España sobre el origen de sus ingresos”.
Lo anterior consta en el oficio FGR/UTAG/DG/000307/2019 dirigido a quien esto escribe, con fecha 14 de enero de 2019, y firmado por Miguel Ángel Cerón Cruz.
Eso significa, en pocas palabras, no haber recibido ninguna comunicación oficial de Madrid. Cabe señalar que la citada solicitud de información se realizó durante la administración de Peña Nieto y debido al plazo –ampliado por una prórroga y aún más por las vacaciones decembrinas– la respuesta llegó ya en el periodo de López Obrador.
CORTITA Y AL PIE
Esta semana se cumplieron tres años de su arresto. Para “conmemorarlo”, a Moreira le fue admitida una demanda de amparo el 17 de enero en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, identificado como expediente 27/2019, a fin de tramitar un “incidente de suspensión” contra el “Director General de Procedimientos Internacionales dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República”. Se le fijó fecha y hora para audiencia, y se le pidió un informe justificado.
Pero en la PGR –informan– no hay nada. ¿O por qué habrían de mentir públicamente?
LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
De nuestra entidad, por lo demás, hay poco qué decir. Si a Javier Villarreal en Coahuila el grupo en el poder le dejó escapar primero (2011) y lo exoneró después (2018), y a Jorge Torres no se le detuvo cuando se infartó en Saltillo (2017) pese a ser del conocimiento público que lo busca la DEA, ambos acusados de conspiración y fraude, menos van a iniciar pesquisas contra el exmandatario.
Lo dije aquí la semana pasada: todo es simulación.