ENJUICIAN NEGLIGENCIA QUE CALCINÓ A 41 NIÑAS
A casi dos años del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que costó la vida a las menores, los exfuncionarios señalados comparecen
CIUDAD DE GUATEMALA, GTM.- El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes encerradas en un aula y que habían quedado bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC), murieron a raíz del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Santa Catarina Pinula, en uno de los peores desastres ocurridos en Guatemala.
De acuerdo al reportaje de The New York Times, policías que vigilaban la puerta, quienes se rehusaron a abrirla pese a los gritos, esperaron nueve minutos antes de entrar. Y usaron agua para enfriar la perilla hirviente de la puerta. Adentro, decenas de niñas que estaban bajo el cuidado del Estado guatemalteco yacían sobre el piso ennegrecido. Murieron 41 de ellas.
Entre los acusados por el incendio ocurrido en un centro de acogida de menores y adolescentes bajo control del estado, están el exsecretario de Bienestar Social (SBS), Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector de este Hogar Seguro, Santos Torres, así como la jueza Rocío Murillo y Rolando Miranda, exsecretario del Juzgado de San José Pinula, que supuestamente mintieron sobre sus responsabilidad en lo ocurrido y enfrentan un proceso penal por la tragedia.
Ahora, casi dos años después, ya comenzaron todos los juicios contra los funcionarios públicos acusados de no haber impedido las muertes. Sin embargo, una revisión de más de dos docenas de archivos de los casos de las víctimas y los sobrevivientes –junto con entrevistas con los familiares, los empleados del centro de acogida y los funcionarios públicos– reveló un patrón de denuncias de abuso físico, psicológico y sexual en el centro que se remonta a varios años atrás.
Según señalaron los funcionarios, entre 2012 y 2015, seis niños murieron en esa casa dirigida por el gobierno, la mayoría debido a complicaciones prevenibles relacionadas con la salud. Las autoridades también investigan 25 casos de abuso que fueron denunciados durante 2016.
El diario Prensa Libre de Guatemala reportó que en el juicio iniciado esta semana, también hay otros implicados en la tragedia en este centro de acogida de menores, como Ofelia Pérez Campos, educadora del Hogar, acusada por maltrato contra menores de edad y homicidio culposo. La Fiscalía la señaló de haber acomodado a las adolescentes en el aula sin alimentos ni un baño, lo que derivó en descontento por las jóvenes que iniciaron un incendio como protesta. La encargada del área Mi Hogar, Crucy López Pérez, está acusada de abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad. Existen testimonios y grabaciones de que roció gas pimienta a las internas.
El fiscal recordó que en el lugar fallecieron calcinadas y por haber respirado el humo 19 adolescentes y 22 fallecieron luego en hospitales. Además, 15 niñas sobrevivieron, pero a algunas les amputaron extremidades por las quemaduras.
Además, mucho antes de la tragedia, varias niñas les habían dicho a sus familiares que las obligaban a tener sexo con extraños mayores, de acuerdo con entrevistas con los miembros de tres familias distintas.
“Ser niña en Guatemala es un riesgo y así ha sido durante generaciones”, dijo Marwin Bautista, subsecretario de Bienestar Social, quien supervisa los centros de acogida. “Esta fue una falla de la institución. Para ser honesto, no fue casualidad. Fue el terrible resultado de años de negligencia y problemas”. SIN RESGUARDO
La tragedia comenzó con un intento de escape. Casi cien de los niños recluidos en el centro estatal de acogida, conocido como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, habían decidido escapar en grupo. Sin embargo, los policías los rodearon y los encerraron en el centro: los niños en un auditorio grande y las niñas en un pequeño salón de clases donde sólo cabían pocas personas.
Después de horas de encarcelamiento –durante las que no permitieron que las niñas usaran el baño– alguien prendió un cerillo con la esperanza de que un incendio obligara a la policía a dejarlas salir. En cambio, la mayoría de las niñas murieron mientras más de una decena de policías discutía si su supervisora, que estaba a tres metros de ahí, debía abrir la puerta con las llaves que tenía en el cinturón.
En ese momento, el fuego envolvió los colchones baratos de poliestireno que les habían dado a las adolescentes para dormir, los cuales les quemaron la piel y silenciaron sus gritos debido al humo tóxico. Las chicas, que no habían cometido ningún delito ni representaban una amenaza a la sociedad, fueron víctimas incluso antes del incendio. Como sobrevivientes de abuso sexual, violencia o abandono –a menudo a manos de sus propios familiares– el gobierno les había asignado un lugar en el instituto por su propia seguridad. En teoría, el mundo exterior era más peligroso para ellas.