La consigna es: al gobernador no lo toquen
En la sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso local el pasado 6 de febrero, de nueva cuenta y con toda razón la diputada María Eugenia Cázares volvió a insistir en un tema que ya se ha vuelto recurrente: el exceso en el gasto ejercido en relación con los montos presupuestarios aprobados por el órgano legislativo. Y de nueva cuenta también se volvió a ver la misma posición oficialista, consistente en no cuestionar absolutamente nada al Gobernador del estado por parte de los diputados del PRI y sus aliados.
En efecto, con cifras de la propia Secretaría de Finanzas al concluir el año 2018, la diputada Cázares demostró cómo se ha vuelto en Coahuila un deporte gubernamental gastar más de lo autorizado y no dar, para nada, explicación alguna. Ni siquiera la más elemental o mínima. Lo cual prueba no sólo la poca importancia que el Ejecutivo, es decir, el gobernador, concede al Poder Legislativo, sino de plano su franco desprecio por éste.
Dio al efecto la legisladora varios ejemplos específicos. Así, para el rubro de “Servicios Personales” (el famoso capítulo 1000) se aprobó erogar en 2018 un total de 16 mil 763 millones de pesos y al concluir el año resultó que fueron 17 mil 590 millones. Es decir, 827 millones de pesos más.
En el renglón de “Materiales y Suministros” lo ejercido en exceso fue por 203 millones; en “Servicios Generales” nada menos que mil 821 millones de pesos por arriba de lo autorizado; en “Transferencias, Asignaciones y Subsidios” fueron 953 millones y en “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 552 millones más. Y así por el estilo, en otros capítulos.
Pero dos rubros de gasto llaman la atención. Uno es el relativo a la “Inversión Pública” que extrañamente es el único que en lugar de aumentar disminuyó. ¡Qué casualidad! pues se invirtieron 337 millones de pesos menos de los originalmente programados.
El otro es el renglón correspondiente a la Deuda Pública. ¡Oh, deuda pública, cuánto daño se ha causado ya a Coahuila en tu nombre! Pues sí, resulta que al servicio de la deuda se destinaron en 2018 mil 305 millones de pesos más de los inicialmente previstos. Pero no se crea que la diferencia fue para disminuir, así hubiera sido en una mínima parte su cuantiosísimo saldo, no, qué va, sino para pagar intereses por 357 millones de pesos por encima de los que se creyó que iban a ser. El resto fue para cubrir los 960 millones de pesos de deuda a corto plazo autorizada al actual Gobernador al inicio de su administración por la anterior Legislatura.
Establecido lo anterior, la diputada Cázares solicitó a la Diputación Permanente un simple punto de acuerdo consistente en requerir a la Auditoría Superior del Estado sólo su opinión respecto de las erogaciones efectuadas por el Gobierno Estatal, por montos superiores a los autorizados por el Congreso en el presupuesto para 2018.
En apoyo a su solicitud invocó los fundamentos respectivos. Así como las disposiciones que violan los hechos señalados, tanto de orden constitucional como legal, desde el art. 126 de la Carta Magna, según el cual “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior”, hasta preceptos contenidos en la ley tanto local como federal (la de Disciplina Financiera de Estados y Municipios), que no se citan aquí en beneficio del lector.
Pues bien, con argumentos especiosos y mendaces los diputados del PRI y sus aliados desecharon la propuesta. Argumentos que apenas unos minutos después callaron al aprobar –ahora sí– un punto de acuerdo similar respecto de supuestos malos manejos de la exalcaldesa del municipio de Ocampo. La cosa está más que clara. La consigna es no tocar, así se equivoque de la peor forma, al Ejecutivo estatal, es decir, al Gobernador. ¿Se vale?