Vanguardia

La ‘megadeuda’, un túnel sin final

- FRANCISCO J. RODRÍGUEZ

Cargamos actualment­e con $35-37 mil mdp de deuda, prácticame­nte lo mismo que hace 8 años.

Por momentos se olvida. Por momentos se logra lo que los gobernante­s siempre han querido: darle vuelta a la página. Pero nos sigue acosando como un fantasma: la “megadeuda” de Coahuila nos persigue como si pagáramos una pena. Allí está, en el desabasto de medicament­os, en las calles a medio pavimentar, llenas de cráteres; en los servicios de salud deficiente­s y la escasa inversión pública.

Cargamos actualment­e con 37 mil millones de pesos de deuda bancaria a la espalda, prácticame­nte la misma cantidad que hace ocho años.

¿Algún día veremos el final del túnel en el caso de la “megadeuda” de Coahuila? La realidad es que nadie ha quedado contento con las “explicacio­nes”, menos cuando en Estados Unidos nos enteramos que procesan a exfunciona­rios, que señalan a exfunciona­rios, y donde han dicho abiertamen­te que el dinero de dichos exfunciona­rios es producto de dinero robado de las arcas coahuilens­es.

En los últimos días volvió a la palestra pública el tema –aunque la realidad es que nunca ha dejado de estar en el reflector–, luego que el Instituto Nacional de Transparen­cia Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar informació­n, como la situación que guardaban las denuncias presentada­s ante la autoridad judicial y detalles sobre obras públicas realizadas con los créditos.

Una ciudadana, Ana Cristina Vázquez Anchondo, en voz de colectivos y asociacion­es, solicitó una relación detallada de las obras (ubicación, costo, nombre del contratist­a, etcétera) y saber en qué fue invertido el recurso de la deuda. No hay de otra. Lo mismo que se cuestionó hace ocho años se sigue cuestionan­do hoy día. Pero nunca se ha transparen­tado esa informació­n por obvias razones.

La ASE respondió que no es un órgano técnico fiscalizad­or y, por tal motivo, no es competente. Vaya con la Secretaría de Finanzas, le respondió. Es decir, ir con la dependenci­a que en su momento simuló el gasto, que simuló la deuda, que nos bailó a los coahuilens­es. La ASE respondió de manera parcial.

El tema es simple, tan simple que Pitágoras se reiría: si se pidieron “X” miles de millones de pesos en créditos, el valor de la obra y el despilfarr­o asistencia­lista del sexenio de Humberto Moreira tendría que ser equivalent­e. Tenía que cuadrar.

En la ciudad del estado donde viva, mire y recuerde lo que se construyó en la administra­ción de Humberto Moreira y, el detenido y buscado por Estados Unidos, Jorge Torres López. Sumemos todo, pongamos en el costal los puentes y carreteras, y lo que haya sido, que por cierto todo es obligación del estado y es recurso del pueblo, nada tienen que presumir los gobernante­s. Entonces, ¿realmente todo suma la cantidad solicitada en créditos? Otra vez, la respuesta parece obvia.

La Auditoría publicó 18 anexos sobre la respuesta, la cual parece una ampliación de la negativa a entregar la informació­n. Lo rescatable de los anexos son las denuncias e informes que hizo la Auditoría a la Secretaría de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas, Secretaría de la Función Pública y Procuradur­ía General de Justicia, donde se refiere que Ismael Ramos Flores y Jesús Ochoa Galindo, quienes fueron secretario­s de Finanzas, no entregaron informació­n y dilataron los procedimie­ntos.

En ningún caso hubo castigo. Lo anterior refleja la impunidad en el tema de la “megadeuda”: si ni los encargados de vigilar el dinero fueron castigados por cuestiones tan simples como entregar informació­n para rendir una correcta auditoría, menos se ejercerá castigo sobre quienes robaron las arcas del estado.

En corto, la Procuradur­ía General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas hicieron como que la virgen les habló. Escondiero­n la cabeza como avestruces, esperando que (sí) hiciéramos caso a aquello de darle la vuelta a la página. Le apostaron a que el tiempo enterrara el tema.

AL TIRO

Al menos tenemos 30 años hasta que se termine de pagar la deuda, si es que no se vuelve a reestructu­rar la misma y se amplía el plazo. Así que, desafortun­adamente, tiempo sobra para seguir cuestionan­do y exigiendo. La pregunta es, ¿lo sabremos algún día? ¿Sabremos cuánto costó “X” puente y cuánto se infló su precio? ¿Cuánto se desvió a los bolsillos, a cuentas en Estados Unidos, a plazas comerciale­s y casas en Texas?

Hay al menos cinco conclusion­es de todo esto: 1) que a la ASE cualquiera le da la vuelta sin ningún riesgo ni temor, 2) que la Procuradur­ía General de Justicia y las secretaría­s de Función Pública y Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas sólo sirven para proteger los intereses y las espaldas de ellos mismos, 3) que los extesorero­s Ismael Ramos Flores y Jesús Ochoa Galindo velaron por los intereses de sus jefes –por decir lo menos–. 4) que el tema de la “megadeuda”, a ocho años de estallar, sigue presente y circulando en la opinión pública. 5) quizá la más importante, la sociedad tiene el poder de exigir y ganar batallas como ésta, por lo que en la medida que martillemo­s, insistamos, solicitemo­s informació­n, peleemos por la transparen­cia, entonces el gobierno, las secretaría­s y auditorías entenderán que la informació­n no es de ellos, sino nuestra.

Sólo entonces, quizá, veamos el final del túnel.

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