La Ruta de la Megadeuda de Coahuila
DETERMINAN QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ENTREGUE TODA LA INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR 35-37 MIL MILLONES DE PESOS
Durante la administración estatal 2005-2011 fueron contratados créditos -algunos irregulares con documento apócrifos- por más de 35 mil millones de pesos. A esa acción se le conoce como la “megadeuda de Coahuila”, y durante más de ocho años organizaciones civiles, ciudadanos y algunas autoridades han tratado de dar con la verdad de su destino, pero hasta hoy sin éxito.
Una nueva luz surgió cuando a la agrupación Coahuila Observa, a través de sus solicitudes de información, presentadas por su integrante Ana Cristina Vázquez Anchondo, logró que se obligara a la Auditoría Superior del Estado (ASEC) a entregar toda la información de la megadeuda.
Fueron ocho años de aciertos y errores en amparos, solicitudes de información y batallas legales ante los institutos garantes de transparencia, y tribunales estatales y federales, para llegar a obtener la desclasificación de la documentación de la megadeuda.
Sin embargo, no se pudieron echar las campanas a vuelo por el logro de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenara, vía el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), a la Auditoría entregar toda la información de la megadeuda.
La respuesta final no logró la satisfacción de los ciudadanos de 21 organizaciones unidas en Coahuila Observa, porque si bien es cierto que se entregaron documentos, como oficios para iniciar procedimientos administrativos contra ex funcionarios, y parte de las denuncias penales contra quienes resultaran responsables de la deuda pública millonaria, no se logró obtener información sobre en qué se gastó.
La Auditoría Superior del Estado respondió el pasado 26 de junio a Ana Cristina Vázquez Anchondo que la información sobre obras en las cuales se gastó la deuda, no se encontraba en poder de la ASEC.
La respuesta, aunque cumple de momento con lo ordenado por el ICAI y el INAI a la ASEC, no satisface a la organización Coahuila Observa y sus 21 organismos integrantes.
Rosendo Villarreal Dávila, miembro de Coahuila Observa, dijo que no aceptan la respuesta y que volverán a la lucha por conocer la verdad sobre en qué se gastaron los 35 mil millones de pesos de empréstitos.
VAN DE NUEVO POR INFORMACIÓN
Villarreal Dávila anunció que interpondrán nuevamente solicitudes de información, ahora también en la Secretaría de Finanzas y otras instancias de la administración estatal, irán primero al ICAI y, si es necesario, también al INAI y al amparo, para obtener la información.
Organizaciones civiles y ciudadanos han tratado de dar con la verdad desde que se dio a conocer y se reconoció la existencia de la megadeuda en el año 2011, tras la revelación de que algunos créditos no estaban registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, la ruta para dar con la verdad, a través de una estrategia legal ante los órganos garantes de la transparencia, inició apenas el 18 de octubre de 2018, cuando Ana Cristina Vázquez, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Capítulo Coahuila, realizó una solicitud de información dirigida a la Auditoría Superior de Coahuila.
En la solicitud de Vázquez Anchondo, representante de diferentes organizaciones civiles expresan que es su interés conocer datos y documentos públicos. Solicitaron la información financiera del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.
¿QUÉ INFORMACIÓN PIDIERON?
“Una relación detallada de todas las obras correspondientes a inversiones públicas realizadas únicamente, por cada año solicitado, comprendiendo los siguientes conceptos: 1. Descripción completa de la obra realizada, 2. Ubicación y dirección de tal obra, 3. Costo total de la misma, 4. Nombre o razón social del contratista(s) o proveedor(es), 5. Dirección del contratista(s) o proveedor(es), 6. Número de contrato(s) con el contratista o proveedor, 7. Fecha de terminación de la obra”.
También “donde fueron invertidos los recursos de la deuda coahuilense que fue reconocida por la mayoría de los diputados de la 58 (Legislatura); deuda generada durante el periodo comprendido entre enero de 2009 a diciembre de 2011 (incluyendo la primera reestructura del Poder Ejecutivo), de acuerdo a los documentos de los informes del resultado correspondientes a los años 2010 y 2011, que esta auditoría mantiene publicados en su sitio web”.
En un segundo punto piden “un informe que detalle la forma, mecanismo, auditoría, proceso de comprobación o cualquier otra forma en que este organismo determinó que efectivamente, todos los recursos de la deuda coahuilense, contraída entre 2009 y 2011 se emplearon en inversiones públicas y obras públicas”.
Como tercer punto se solicita “una relación, por lo menos en digital, de los documentos que, se supone, el Poder Ejecutivo del Estado, mostró como información justificativa para sus cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 y 2010, en el rubro de aplicación y destino de los recursos contratados con los créditos que el estado tramitó y obtuvo en esos dos años, incluyendo los legales y los obtenidos de manera ilegal”.