Largo y sinuoso camino por la Megadeuda
PROMUEVEN ORGANISMOS CIUDADANOS NO SÓLO SANCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SINO TAMBIÉN DENUNCIAS PENALES CONTRA LOS RESPONSABLES
Inicialmente, el 19 de octubre de 2018 la Auditoría Superior contestó en el primer punto que la información financiera correspondía entregarla a la Secretaría de Finanzas; en el segundo, sobre los procesos de comprobación del gasto de la deuda, se respondió que se encuentra pública en los Informes del Resultado 2010 y 2011 en los apartados sobre la deuda.
En el caso el destino y aplicación de los recursos de la deuda pública, la ASEC contestó por primera ocasión que era información inexistente, y también pide se le soliciten a la Secretaría de Finanzas.
El ICAI admitió, antes de finalizar el 2018, un recurso de revisión interpuesto por Vázquez Anchondo a nombre de 21 organizaciones, pero el comisionado Javier Diez de Urdanivia de Valle confirmó la respuesta de la Auditoría; es decir, avaló todo lo planteado por la ASEC.
Una vez que Ana Cristina recurrió al INAI para inconformarse por la resolución del ICAI, este último instituto tuvo que acatar la revocación y ordenó a la Auditoría Superior del Estado dar una nueva respuesta a la ciudadana representante de 21 organizaciones.
Y aunque todo parecía favorecer a los ciudadanos para obtener información pública sobre la megadeuda, no fue así, porque en la respuesta de la ASEC entregada el 26 de junio se declara la inexistencia de la información principal que se solicitaba.
POCO AVANCE, PERO SIGNIFICATIVO
En términos generales, la ASEC dio la misma respuesta que había dado antes, salvo que hizo públicos oficios dirigidos a los ex titulares de Finanzas y Tesorería del estado, Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, quienes retrasaron las investigaciones.
La Auditoría exhibe documentos en los cuales pide a la hoy Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas -antes Secretaría de la Función Pública-, iniciar procesos administrativos a los ex funcionarios Ochoa Galindo y Ramos Flores por incumplir con la entrega de información sobre la deuda.
Además, publicó parte de las denuncias dirigidas a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado, sobre la megadeuda, con lo cual se confirma que existen procesos legales contra quien o quienes resulten responsables.
Pero la insistencia de las organizaciones ciudadanas ha sido conocer el destino de los 35 mil millones de pesos, por ello es que pidieron las obras, los contratistas, las fechas, los montos y la ubicación de cada una de éstas, para cotejar si en realidad se invirtió esa cantidad en infraestructura, como se ha sostenido a lo largo de ocho años.
Según la Auditoría, se ordenó una búsqueda exhaustiva en la Secretaría Técnica, Auditoría Especial de Desempeño, Auditoría Especial de Cumplimiento, Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos, Auditoría Especial Financiera, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Tecnologías de la Información, que son todos sus departamentos.
La conclusión fue que en ninguno de los departamentos de la ASEC se encontró la información solicitada; es decir, las obras que se realizaron dinero de la megadeuda.
LOS DATOS NUEVOS
Además, añade a su respuesta que tienen documentos que demuestran que se solicitó en su momento información a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería (hubo cambios de nombre en la Ley Orgánica en pasadas administraciones), pero no proporcionaron información o documentos que tengan relación con la información solicitada.
Incluso, advierte la ASEC, se solicitó una promoción de sanción administrativa en contra de Jesús Ochoa Galindo, porque no entregó la información financiera solicitada por la Auditoría en el año 2011.
De la misma forma se pidió sanción administrativa en contra de Ismael Ramos Flores, también por no entregar la información solicitad por la ASEC.
En ambos casos la información no entregada corresponde a parte de la que pide en su solicitud de información de Ana Cristina Vázquez.
La ASEC les pidió a los ex tesoreros de Coahuila que entregaran nombre de la institución financiera que entregó los créditos, número de contrato o folio, saldo final al ejercicio 2009, monto de amortizaciones, créditos contratados en el ejercicio 2010, las tasas con las que fue contratado, plazo de los préstamos, garantías otorgadas, fin o destino de los mismos (créditos), un detallado de los traspasos a las cuentas bancarias de la Tesorería General del Estado, por cada uno de los créditos señalados.
La Auditoría respondió también que la misma información se pidió al Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y no hubo respuesta, por ese motivo no cuenta ni con documentos, ni con información respecto a la megadeuda.
En su respuesta, la ASEC da a conocer y exhibe documentos que demuestran la existencia de una denuncia ante la desaparecida PGJE en mayo del 2013 por el ejercicio fiscal 2010.
En la denuncia penal de 2013 se advierte sobre hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos en las cuentas públicas de la Tesorería General del Estado y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), así como en la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco).