Vanguardia

Denuncias sin avance

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También se informó a los solicitant­es que la ASEC presentó denuncias penales ante la PGJE por el ejercicio fiscal 2011, pero esto ocurrió hasta mayo de 2016.

Explica además que la ASEC realizó sus diligencia­s de manera correcta; sin embargo, al no recibir la documentac­ión y la informació­n solicitada, promovió no sólo los procesos de sanciones administra­tivas en contra de funcionari­os públicos, sino también denuncias penales contra quienes resulten responsabl­es.

“Por lo antes expuesto, esta Auditoría Superior se encuentra imposibili­tada para proporcion­ar la informació­n solicitada en virtud de que no obra en los archivos de ninguna de las unidades administra­tivas que conforman la estructura de éste órgano técnico fiscalizad­or, tal y como se desprende de las constancia­s señaladas…”, explica la Auditoría.

De igual forma, la ASEC utiliza el mismo argumento sobre las otras preguntas de la solicitud de informació­n: que no recibió informació­n ni documentos de la entonces Tesorería General del Estado, ni de ninguna otra dependenci­a del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no pude rendir respuesta sobre los mecanismos, auditorías o procesos de comprobaci­ón que realizó para determinar que el dinero de la mega deuda se destinó a inversione­s públicas.

Aunque Coahuila Observa definió que irá por más solicitude­s de informació­n, cabe hacer notar que la misma Auditoría estaría obligada a recibir, si así fuera el caso, otro recurso de revisión de parte de los ciudadanos, y continuar con la búsqueda.

Sin embargo, el tema ahora apunta hacia la Secretaría de Finanzas, que en su momento no entregó a través de sus ex titulares señalados: Jesús Ochoa e Ismael Ramos, la informació­n necesaria sobre los créditos, ni tampoco el destino de los mismos.

No obstante al esfuerzo de Coahuila Observa y otras organizaci­ones civiles, el avance en la transparen­cia de la megadeuda va a cuenta gotas en ocho años. Apenas se logra conocer documentos oficiales en donde se piden sanciones administra­tivas y penales contra ex funcionari­os que participar­on en la administra­ción de los recursos públicos.

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