Crónica de un fraude ‘a la vista’

EL CASO TSJE-FICREA PRESENTA UNA VERSIÓN DIAMETRALMENTE DISTINTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ASE, QUE HIZO UN ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS

A partir de los hechos narrados en su denuncia ante la PGJE, Gregorio Pérez Mata realiza un análisis de la normatividad que rige la operación de las sociedades financieras populares y enumera las diversas faltas en que habría incurrido Ficrea durante su relación con el TSJ.

Sin embargo, tal análisis sólo se habría realizado una vez que se conoció públicamente de la operación ilegal de Ficrea. Para la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, el estudio jurídico debió -y pudo- hacerse antes, lo cual hubiera evitado el daño patrimonial causado.

Por ello, cuando la historia se lee desde la óptica de la ASE, el panorama cambia diametralmente. Para la Auditoría Superior del Estado (ASE), según la denuncia que presentó en agosto de 2018, es claro que los funcionarios judiciales tuvieron múltiples oportunidades, desde antes de firmar el primer contrato, para detectar el engaño, pero “de manera dolosa o culposa omitieron la verificación de cada uno de los requisitos que debían cumplir cada una de las partes”.

Contrario a lo afirmado por Pérez Mata, la ASE consigna que, para saber si Ficrea contaba con autorización para recibir depósitos de entidades públicas bastaba consultar el Diario Oficial de la Federación del día 5 de agosto de 2008 y constatar que el nivel autorizado a la Financiera por la CNBV era el “I”.

Adicionalmente, la ASE consigna diversos momentos en los cuales los funcionarios del TSJ debieron sentirse alertados por el comportamiento de Ficrea. Entre ellos, refiere el hecho de que los depósitos del Poder Judicial no se realizaron nunca directamente en Ficrea, sino a cuentas propiedad de Ficrea en BBVA.

Lo anterior implica, afirma la ASE, que “los recursos públicos transferidos a la sociedad financiera fueron administrados discrecionalmente por Ficrea, situación de la cual tuvo conocimiento el Poder Judicial del Estado”.

Por otra parte, de la relatoría de hechos realizada por la ASE se desprende que los estados de cuenta entregados al TSJ serían “maquilados” por el personal de Ficrea, pues en un correo electrónico enviado el 6 de agosto de 2013 por funcionarios del TSJ a ejecutivos de Ficrea se lee:

“…creo que hay una discrepancia en los estados de cuenta del tribunal /2. Porque en el mes de junio le deposité $5 millones para cerrar el mes por lo tanto el saldo debería ser $25 millones. Y en julio le deposité $7 millones y se debería reflejar en el estado de cuenta”(sic).

En el mismo correo se evidencia el desorden administrativo de Ficrea al momento de emitir sus “estados de cuenta”:

“Al respecto de la situación de junio, se localizó un estado de cuenta de la inversión número 42788-2 del mes de junio de 2013 con saldo final por $20,000,000.00 y otro estado de cuenta del mismo período con saldo final de $25,000,000.00”, señalan los exfuncionarios judiciales.

Tal circunstancia evidenciaría que los funcionarios del TSJ no podían monitorear directamente la situación de sus inversiones, a través de una página web o de una aplicación que les mostrara el estado de las “inversiones” realizadas en Ficrea y les permitiera verificar los montos de los depósitos y retiros realizados, así como los saldos de cada cuenta.

En cambio. dependían de los “recibos”, “cartas” y “estados de cuenta” que les eran remitidos a través de correo electrónico y que, debido a las inconsistencias que eventualmente aparecían, debían ser corregidos, como se evidencia en un correo enviado por María del Carmen Ibarra Vázquez, entonces directora de Recursos Financieros del TSJ, a Javier Carrillo Peña, ejecutivo de Ficrea, el 12 de diciembre de 2013:

“Hola licenciado. Ya están correctos los estados de cuenta, pero ahora nos percatamos de otro detalle, que los datos de facturación son erróneos, ojalá los pudieran cambiar y emitirme nuevos de todo el año”.

La funcionaria incluso se “disculpa” con el ejecutivo de Ficrea por las solicitudes que le hace: “Ya sé que soy muy molestosa (sic) pero se requieren estos cambios”, dice al final de su comunicación.

Previamente, el 9 octubre de 2012, los funcionarios del TSJ tuvieron otra oportunidad para alertarse de las irregularidades en que incurría Ficrea, según relata la ASE. Ese día, María del Carmen Ibarra envió un correo electrónico a Héctor Armando Alvear Alvarado, entonces Oficial Mayor, informándole:

“Licenciado: Hace un rato se comunicó el Lic. Javier Carrillo de Ficrea, informándome de una revisión-certificación que les está practicando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ubicarlos en otro nivel, más alto del que actualmente tienen. Y para tal efecto deben confirmar que tienen los recursos suficientes y en líquido para reintegrarlo a sus clientes. Es una comprobación o prueba de su capital.

“Por este asunto es que nos van a estar regresando los recursos paulatinamente, el día de hoy nos reintegraron $3,000,000.00, y así sucesivamente, como vayan venciendo los documentos nos los van a ir devolviendo, según me informó, nos lo van a devolver todo y posteriormente, cuando ya los certifiquen nos piden que volvamos a invertir con ellos, en el entendido de que sería con el mismo rendimiento”(sic).

Este tipo de comunicados, afirma la ASE en su denuncia, “debieron alertar al administrador del fondo sobre el nivel de operaciones que tenía aprobado la sociedad financiera, con el propósito de tomar las medidas y acciones correctivas al momento”.

No extraña, sin embargo, que esto no hubiera ocurrido pues, como lo señala también la ASE en su denuncia, no existe evidencia documental “que acredite al Administrador del Fondo (para el Mejoramiento de la Administración de Justicia) como perito en ciencias administrativas”, tal como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.