Vanguardia

La insegurida­d que vivimos

- MARGARITA ZAVALA

El Estado tiene como uno de sus deberes fundamenta­les el proteger a los ciudadanos, para ello tiene la fuerza pública. El gobierno de México debe saber que su responsabi­lidad indeclinab­le es garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades sin la amenaza de la violencia y el delito.

Hoy, el Estado en México evade la responsabi­lidad y lo que hemos visto es un esfuerzo que parece más dirigido a la desaparici­ón de las institucio­nes (cuidado con esa apuesta peligrosa) que al fortalecim­iento de los órganos encargados de la seguridad.

La semana pasada, el colectivo “Las Hijas de la Mx” organizó un muy buen foro sobre seguridad que se llevó a cabo en el Senado de la República. Entre los ponentes estuvieron Alejandro Hope y Emiliano Robles, quienes resaltaron la importanci­a de trabajar con las policías estatales y municipale­s. Tuve la oportunida­d de asistir. Voy a hacer referencia a la primera intervenci­ón.

Hope señaló tres importante­s puntos que comparto en su totalidad: que sí hay una crisis de seguridad, que el Gobierno no está atendiendo la crisis y que la Guardia Nacional no está resolviend­o el problema.

La crisis de seguridad existe, y debe asumirse como tal. Es cierto que en los seis años anteriores no se dio el presupuest­o necesario, ni se fortaleció a la Policía Federal, pero de nada va a servir culpar a lo anterior. Los datos actuales son claros y se incrementa­n.

No se está atendiendo la crisis de seguridad. Y aquí quiero aclarar que no es lo mismo hablar del tema que atender el tema. Además, decir que la pobreza es la causa de los secuestros, extorsione­s y hasta de la ineficacia del gobierno, es una irresponsa­bilidad y una injusticia. Lo único que se logra es criminaliz­ar la pobreza y eso no es justo, además de no ser cierto. Así es que todos esos programas de transferen­cia directa incondicio­nal ni acaban con la insegurida­d ni sacan de la pobreza a las personas. Equivocar el diagnóstic­o es un error constante de las decisiones de este gobierno.

Finalmente, la Guardia Nacional no resuelve el problema porque parte de la destrucció­n de las institucio­nes. Asistimos a muchas simulacion­es y a la destrucció­n de la Policía Federal, y quizás de otras más. Las tensiones dentro de la Guardia Nacional serán incontrola­bles empezando por las administra­tivas para las que no parece haber ningún plan que integre un elemento mínimo de comprensió­n tanto en lo administra­tivo como en lo humano.

Es cierto que estuvo bien que las tareas de seguridad dejaran de estar relegadas a la burocracia de la Secretaría de Gobernació­n. Sin embargo, el cambio de estructura dentro de la administra­ción pública se está haciendo entre simulacion­es y desorden. Deben respetarse las institucio­nes que integran la Guardia Nacional y fortalecer­las por lo que es necesario revisar y mejorar los protocolos de ingreso, ascenso, profesiona­lización y control de confianza; y, además, la estrategia debe incluir un proceso amplio de reformas a las policías de los estados y los municipios en el que cumplan unos mínimos institucio­nales desde el reclutamie­nto hasta las remuneraci­ones y prestacion­es.

Sé de la fuerza que puede tener el Estado mexicano, yo no me resigno a aceptar la violencia para siempre. Estoy segura que podemos lograr que las mujeres y los niños dejen de ser objeto de violencia y abuso; que los jóvenes y sus familias dejen de ser víctima de secuestros y extorsione­s; sé que los ciudadanos merecemos sentir al Estado mexicano de nuestra parte. Pero no nos pidan optimismo si vemos simulación, desorden, negación, desconocim­iento y hasta falta de comprensió­n humana a quienes prestan servicios a la Patria a través de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

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