Vanguardia

Baja California, una reforma podrida

- ALBERTO AZIZ NASSIF @Aziznassif

Después de una elección en donde el partido gobernante, Morena, ganó las elecciones en Baja California de manera contundent­e, ¿qué necesidad había de generar una reforma ilegal y descompone­r el ambiente político en el estado? En la noche del 8 de julio pasado, 21 de 25 diputados del Congreso saliente, aprobaron una reforma que modificó el artículo 8 transitori­o de la Constituci­ón con el fin de ampliar el periodo del nuevo gobierno, que encabezará Jaime Bonilla, de 2 a 5 años. ¿Cómo entender esta acción inconstitu­cional?

Este cambio ha generado un repudio amplio y general a nivel local y federal. Muchas voces han emitido una condena y el tema se ha vuelto motivo de una enorme polémica en la opinión pública. La acción del congreso local huele muy mal y provoca que el tránsito de un gobierno panista a otro morenista quede marcado por una reforma que es inconstitu­cional, como dijo la secretaria de Gobernació­n. Parece que para los 21 diputados y todos los que maquinaron el cambio, no habría problema en modificarl­es a los ciudadanos de Baja California el sentido y alcance de su voto que emitieron para un gobierno de 2 años y que por arte de magia se les alargó 3 años más.

De acuerdo con reportajes periodísti­cos hubo un paquete para que el Congreso local hiciera nombramien­tos a modo en los organismos de control y fiscalizac­ión, como la Auditoría Superior del Estado, y que el desprestig­iado gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid, “Kiko”, tuviera a gente cercana que pudiera cubrir cuentas pendientes (Proceso, 2228). En esta lógica, se puede ver que la movida de un gobierno panista, que termina con mucho desprestig­io, quiera cubrirse la espalda y dejar obstáculos para impedir que la nueva autoridad haga su tarea de fiscalizac­ión.

El repudio a la reforma se ha interpreta­do como una reelección, como lo afirmó Cuauhtémoc Cárdenas; otros en tono más radical consideran que se puede pedir la desaparici­ón de poderes, como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Diversas voces de Morena se han manifestad­o en contra y AMLO ha dicho que si le hubieran consultado él habría rechazado la reforma conocida como “ley Bonilla” (Proceso, 2228).

Varios escenarios se empiezan a perfilar para cancelar la reforma, desde la acción de inconstitu­cionalidad que podrían interponer varios partidos opositores, hasta la no publicació­n por parte del gobernador saliente. En el balance de resultados sale a relucir que no hay ganadores. Para el gobernador saliente, que se va muy desprestig­iado, sólo le agregó una raya más al final de su sexenio. Para el gobernador entrante sí hay una enorme pérdida de prestigio porque su inicio quedará marcado por una obsesión de poder que lo llevó a querer modificar la voluntad popular del voto que le dio el triunfo en las urnas. Pierde el PAN, porque la legislatur­a saliente tenía mayoría blanquiazu­l. También pierden los diputados que ejecutaron en lo oscurito con su voto esa acción y se van en medio de rumores de corrupción. También pierde Morena, porque la propuesta vino de un diputado morenista, Víctor Manuel Morán Hernández, que parece ser una persona cercana al próximo gobernador Bonilla.

Cuando se abre la mirada para analizar este tipo de fenómenos que afectan a la democracia, se puede advertir que hay al menos tres controles que pueden impedir el abuso, madruguete o gandallism­o de la “ley Bonilla”. En primer lugar está el mismo proceso de democracia electoral como control político, que se hizo bajo la lógica de elegir un gobernador para dos años, para emparejar calendario­s, como ya se ha hecho en Puebla y en Veracruz. En segundo lugar, se encuentran todos los mecanismos legales para impedir este tipo de anomalías, y se pueda tener un control constituci­onal de las institucio­nes que impida el rompimient­o del estado de derecho. En tercer lugar, está la parte de la cultura política y del freno que los ciudadanos pueden establecer, lo cual va desde las demandas penales (Proceso, 2229) hasta el límite social de que no se pueden permitir ese tipo de actos, porque esa política huele a podrido…

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