Delitos sexuales: ¿aún no estamos alarmados?
Los delitos son, por definición, conductas que agravian a la comunidad, más allá de las víctimas específicas de estas. Por eso mismo, tales conductas han sido ubicadas en un catálogo que implica castigarlas con la privación del derecho más preciado que tenemos los seres humanos: la libertad.
Pero si bien todas las conductas consideradas delitos constituyen un agravio colectivo, existe un apartado de esta clasificación que debiera considerarse un agravio particularmente relevante: el de los delitos de carácter sexual. Y entre estos delitos, los que sin duda debieran llamarnos a la indignación extrema son los cometidos en contra de menores de edad.
Soslayar o prestar poca atención a estas conductas, o dejar de condenarlas con toda energía y demandar sin concesiones la investigación y castigo de cada una de estas implica no sólo bajar la guardia frente a un fenómeno grave, sino de alguna forma alentar que tales delitos sigan cometiéndose.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la alarmante proporción de delitos sexuales que en Coahuila se cometen en contra de menores de edad: siete de cada diez denuncias registradas en la entidad, en el primer semestre del año, refieren a víctimas menores. Tres cuartas partes de esa cifra corresponden a niñas.
Se trata de una realidad que
debería disparar todas las alarmas y llevarnos a declarar una alerta específica en relación con los delitos sexuales en contra de niños y niñas.
Y aquí no se trata solamente de voltear a ver a las autoridades y exigirles, como es su deber, que hagan más para contener y revertir el fenómeno. Se trata también de plantearnos qué debemos hacer todos los miembros de la sociedad para contribuir a combatir los delitos sexuales.
Conocer de la existencia de un menor abusado -en cualquier forma- debería convocarnos a la misma indignación que nos provoca atestiguar el maltrato hacia un animal o la contaminación del medio ambiente. Por desgracia, no siempre ocurre así.
Las conductas delictivas que convierten en víctimas a menores de edad son absolutamente injustificables y no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia. La ausencia de una posición clara y sin fisuras, por parte de la comunidad, para condenar este tipo de actos podría contribuir a que los casos sigan multiplicándose.
El primer paso para construir esta posición colectiva es que coincidamos en que las cifras reveladas por las autoridades son alarmantes en grado extremo y que éstas pueden derivar de la inexistencia de un frente común en contra de los depredadores sexuales.
Hace falta, en este sentido, una discusión abierta e informada respecto del origen de las conductas delictivas de este tipo así como de las estrategias que es posible implementar para prevenirlas. Porque además de que se castigue a quienes ya han incurrido en ellas lo más importante es que no se sume una sola víctima adicional a esta nefasta estadística.
Estos indicadores retratan una realidad que debería disparar todas las alarmas y llevarnos a declarar una alerta específica en relación con los delitos sexuales en contra de niños y niñas