REDUCEN ARRESTOS DE MIGRANTES EN EU
Prohibición a medidas antiinmigrantes vuelve a estar vigente en todo el país, y deberán acatarla Texas, Nuevo México, Arizona y California
SAN FRANCISCO, EU.- Un juez federal de Estados Unidos bloqueó ayer por segunda vez y con carácter nacional las polémicas restricciones al asilo aprobadas en julio pasado por el presidente Donald Trump, que buscan dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.
El magistrado Jon Tigar, de los juzgados de Oakland (California), se reafirmó en su decisión inicial y extendió la prohibición a todo el país, pese a una resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que limitaba los efectos de la misma a los estados fronterizos bajo su jurisdicción: California y Arizona.
“Aunque las órdenes a nivel nacional no son la regla general, estas sí son apropiadas cuando se requiere esta extensión para remediar los daños causados a los demandantes”, apuntó Tigar en su fallo.
Así, el bloqueo a las medidas de Trump vuelve a estar vigente en todo el país, lo que implica que Texas y Nuevo México -los otros dos estados fronterizos del sur de EU junto a Arizona y California-también deberán aplicarlo.
Pese a tener menor “rango” que la corte de apelaciones que había limitado el efecto de su decisión anterior, el magistrado ha podido reafirmarse en su postura porque dicha corte también determinó que el caso volviera a manos de Tigar.
La medida promovida por Trump a mediados de julio restringe la posibilidad de pedir asilo en EU a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.
Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EU pasan precisamente por Guatemala y por México, con lo que se pone virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Por su parte, el Gobierno estadounidense emitió un comunicado en el que calificó la decisión de ser “un regalo para los traficantes de personas” y de “menoscabar el Estado de Derecho”, y aseguró que las políticas de inmigración y seguridad fronteriza “no pueden depender de un único juez de distrito que emita bloqueos nacionales”.