Ey, es publicidad no inmunidad
Nadie escapa a las fuerzas del mercado, excepto los servicios públicos totalitarios que operan en un país como México tal cual fueran una oligarquía o peor aún, un monopolio del Estado
¿Con qué derecho y de parte de quién los responsables de una mueblería, un banco, una institución financiera, una casa de préstamos, una inmobiliaria, un hospital, un consultorio, un restaurant, un bar, un café, un centro de espectáculos, un hotel, una compañía de telefonía, una de gas natural, otra de gas butano, una gasolinera, una tienda, un despacho de arquitectos, una constructora, una línea de aviación, una empresa de transportes de carga o de pasajeros, una de seguridad privada, de mensajería, una iglesia, un club social o deportivo, un bufete de abogados o de contadores, una dependencia de gobierno o cualquier otro negocio se animan a pedirles a los medios donde se anuncian que no difundan o paren información que les pueda perjudicar, por más documentadas y sustentadas que estén las notas periodísticas, los artículos o los reportajes basados en quejas de afectados que ven en la difusión de sus casos una alternativa de denuncia ante la pasividad, el contubernio, la complicidad y –en el mejor de los casos– la ineficiencia de organismos como la Profeco, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Condusef, la Cofetel, el Comisionado para Defensa del Asegurado y del Partícipe de Planes de Pensiones, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Reguladora de Energía y otras instancias del gobierno para recibir y supuestamente atender el mal servicio de servidores privados y públicos?
Les platico: A todos esos animados les pregunto: ¿Quién les dijo que estaban comprando inmunidad? Es publicidad, amigos, no se confundan. No se anden tomando atribuciones que su dinero y los contratos publicitarios no amparan.
Claro, para que este fenómeno se dé, se necesita que uno lo intente y otro se deje, pero en medio de ambos queda atrapado el más importante entre los unos y los otros: el cliente, el lector, el público, el suscriptor, el usuario, el derechohabiente, el asegurado, el cuentahabiente, el inversionista, el que le compra el servicio
a uno porque lo ve difundido en los medios del otro.
En México sobran leyes. Las hay para todos los gustos, colores, sabores y postores. El problema no es eso, sino su ineficiencia e inutilidad que se fraguan en la supina ignorancia y dejadez de los legisladores de todos los partidos que por andar en la “polaca” se olvidan de que su principal responsabilidad es dotar al País de leyes que conduzcan –más que regular, porque como veremos más adelante los mercados se regulan solitos– el desempeño de los servidores públicos y privados por una senda que cada vez debe enfocarse y orientarse más a proteger y darle garantías al cliente.
Las letras “chiquitas” –de las que me he ocupado en varios artículos para evidenciar los contratos leoninos de malos prestadores de servicios– cada vez cobran más víctimas.
Y el tema se agrava porque los afectados son mayormente personas de escasos recursos económicos, de baja escolaridad y preparación que, sumado todo eso a su alta necesidad, les convierte en presa fácil de los muebleros, banqueros, tenderos, médicos, arquitectos, constructores, contadores, abogados, hoteleros, restauranteros, antreros, gasolineros, gaseros, servidores públicos y otros más privados, etcétera, etcétera.
De nuevo: publicidad no es inmunidad. En la medida es que ésta sencilla frase se divulgue y sea permeada hacia las entrañas de las empresas, instituciones y organismos aquí citados, el cliente resultará beneficiado por lo que su pago merece.
Y en un ejercicio de autocrítica de la cual no son inmunes ésta irreverente columna ni su autor, en la medida en que los medios de comunicación y quienes participamos en ellos asimilemos ese concepto, estaremos contribuyendo todos a darle voz a quienes nos distinguen con el favor de su preferencia y que son la razón de ser de nuestra profesional existencia.
Decía aquí arribita que las leyes que México necesita para efectos del mercado, no ocupan que sean regulatorias porque las fuerzas de oferta y demanda y otros factores de la economía, tarde o temprano, ponen a cada quien en su lugar.
Si alguien vende caro y su competencia más barato, gana el segundo y pierde el primero. Si alguien da gato por liebre y su competidor convierte al gato en liebre, pierde el primero y gana el segundo.
Nadie escapa a las fuerzas del mercado, excepto los servicios públicos totalitarios que operan en un país como México tal cual fueran una oligarquía o peor aún, un monopolio del Estado.
Servicios como los del IMSS, los del ISSSTE, los de educación pública y otros, tienen un mercado cautivo de millones que no tienen de otra más que mascar el único chicle que pueden comprarse sus economías.
El que gana lo suficiente para pagarse un seguro de gastos médicos mayores o comprarle uno a su vehículo por si se enferman y hospitalizan los unos o los otros o ambos, se sale de ese mercado cautivo, pero cae en otro que a veces es peor porque está lleno de cláusulas leoninas, de copagos, de deducibles y otras aberrantes condiciones contractuales, que cuando un asegurado le da en la madre a su carro y no tiene más que un seguro contra daños de terceros, ya se quedó a pata.
O cuando se da en la madre él mismo o tienen que hospitalizarlo por enfermedad, de nada le va a valer haber pagado puntualmente su seguro durante años, porque de todos modos los de la aseguradora se lo van a ejecutar con copagos, deducibles y otras desgracias que se reproducen como gremlins en aguacero, mientras el paciente está encamado.
Y esto sucede precisamente porque las Profecos y demás organismos, que supuestamente deben defender al usuario contra el prestador del servicio, están peor que la Carabina de Ambrosio y sirven para tres cosas: nada, nada y nada.