EDITORIAL ‘Blindar’ ciudades y regiones, ¿es esa la solución?
Tras los violentos sucesos registrados el fin de semana anterior en el municipio de Villa Unión, el Gobierno de Coahuila anunció ayer una inversión de 100 millones de pesos para la construcción y equipamiento de tres bases de operaciones –destinadas al Ejército y a la Guardia Nacional– en la región de los Cinco Manantiales.
La medida implica fortalecer la estrategia de seguridad desplegada en nuestra entidad en los últimos años y que ha implicado, sobre todo, una fuerte inversión en infraestructura para la operación de las fuerzas armadas del País en Coahuila.
“Lo que buscamos es que de manera permanente se quede ya un equipo y que podamos salvaguardar toda la parte en nuestra frontera con Tamaulipas y Nuevo León”, afirmó el titular del Ejecutivo Estatal luego del anuncio.
Explicó adicionalmente que la decisión obedece al hecho de que “la extensión de nuestros municipios es sumamente grande. Existen muchas entradas dentro de los ranchos hacia Coahuila y (por eso) tenemos que, de manera estratégica, ubicar ahí una base militar que ya de manera permanente nos permita trabajar en los operativos coordinados que hoy tenemos, sin que se tengan que estar trasladando de otras partes”.
La decisión es, a primera vista, impecable. Y lo es porque se trata de una respuesta proporcional a lo ocurrido, sobre todo si se considera –viendo los hechos en retrospectiva– que de haber contado con dichas instalaciones probablemente no se habrían registrado los enfrentamientos que ya arrojan un saldo de 23 personas muertas entre presuntos delincuentes, policías y civiles.
Sin embargo, la misma lógica utilizada para considerar un acierto la medida obliga a cuestionar qué ocurre ahí donde no existen instalaciones de este tipo. ¿Se encuentra la población de estos lugares a merced de la delincuencia porque no existen bases de operaciones para personal militar y de las distintas corporaciones policiales?
Contestar de manera afirmativa la interrogante anterior equivale a decir que la única forma de contención en contra del crimen organizado está constituida por la exhibición de la capacidad de fuerza del Estado, es decir, que los delincuentes no violarán la ley sólo si ven frente a ellos una capacidad de fuego superior a la suya.
Esto, como ya ha quedado demostrado en múltiples ocasiones –la más evidente, el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán–, es un argumento falso y por ello haremos bien en abandonar la idea de que la sola exhibición de fuerza va a derrotar a la criminalidad.
Por ello, además de las inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación para las fuerzas armadas y policiales, lo que requerimos es una estrategia que funde su poder de disuasión no en la capacidad de fuego sino en la fortaleza institucional del Estado.
Y eso implica mucho más que armas y balas. Implica, en esencia, volver imposible que los actos criminales queden impunes o que los delincuentes disfruten de las ganancias obtenidas mediante la actividad delictiva. Mientras no tengamos eso, por mucho poder de fuego que se exhiba, el País difícilmente será pacificado.
Lo que requerimos es una estrategia que funde su poder de disuasión no en la capacidad de fuego sino en la fortaleza institucional del Estado