El mito del estado blindado
Blindar un territorio, acorazarlo y volverlo impenetrable a los embates de la delincuencia sólo es posible en el discurso. El enfrentamiento en Villa Unión, que dejó 23 muertos (17 delincuentes, cuatro policías y dos civiles), ha sido un recordatorio de que en la realidad no existen armaduras ni fórmulas infalibles. Coahuila ha tenido, en los últimos años, una notoria reducción de sus índices delictivos a grado tal de ocupar el cuarto lugar del ranking nacional entre los estados con mayor percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. El estado también se colocó en la quinta posición entre las entidades con menor tasa de homicidios dolosos durante la primera mitad de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, algo ha fallado durante los últimos meses. El 19 de mayo, un enfrentamiento en el municipio de Múzquiz que dejó nueve muertos, entre ellos un elemento policiaco, rasgó el velo de aparente tranquilidad que había cubierto al territorio coahuilense. Pocos días después, el 28 de mayo, en Monclova, las oficinas de la Fiscalía del Estado y la Dirección de Seguridad Pública eran atacadas con armas de fuego. Si bien no hubo víctimas, era evidente que algo se había roto. Ese mismo mes se anunció la inversión de 200 millones de pesos para el megacuartel militar en Acuña, que albergaría 600 elementos del Ejército y que se sumaría a los cuarteles de Piedras Negras, Monclova y San Pedro. Y se dijo que el estado estaba blindado.
La mañana del 6 de junio, un cuartel de Fuerza Coahuila, que funge también como centro de detención en el municipio de Frontera, fue baleado. Al mes siguiente, en julio, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad que se calificó de histórico y cuya primera instrucción fue justamente sellar las vías de acceso entre las tres entidades a través de un férreo patrullaje y la instalación de bases mixtas de operación, todo ello con el apoyo de las fuerzas federales. El mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca pronunció un optimista discurso en el que dijo que “aquellos que crean que al cruzar la línea divisoria de un estado hacia otro van a evadir la justicia, están equivocados”. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, hizo énfasis en la importancia económica de la región noreste del País, mientras que el mandatario coahuilense, Miguel Riquelme, se dijo convencido de que con las nuevas estrategias vendrían tiempos mejores. Y de nuevo se dijo que el estado estaba blindado.
Sin embargo, un mes después de la firma del convenio, el 11 de agosto, elementos policiacos fueron agredidos en el centro de Monclova; no hubo saldo falta y se logró el aseguramiento de un vehículo. En septiembre, en el kilómetro 104 de la carretera federal 2, en el municipio de Guerrero, un elemento de la policía estatal perdió la vida tras un enfrentamiento con delincuentes. Todo ello mientras se continuaba diciendo que el estado estaba blindado.
Estos antecedentes hacen que el cruento enfrentamiento en Villa Unión (que además de los 23 fallecidos dejó como saldo 10 presuntos delincuentes detenidos y el aseguramiento de 18 vehículos, 21 armas y diverso equipo táctico) no sea necesariamente un “evento extraordinario”, como lo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del lunes. Si bien tuvo razón el mandatario al decir que hechos como éste no son cotidianos, tampoco se pueden desconectar de una realidad evidente: que la delincuencia no ha sido desterrada del territorio coahuilense y que la entidad no está, como se ha dicho hasta el cansancio, blindada.