Lucha anticrimen: ¿estamos dando los golpes correctos?
Durante su comparecencia ayer ante el Congreso del Estado –como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme– el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, José Luis Pliego, destacó cifras relacionadas con el combate a la delincuencia en Coahuila que merecen una lectura detenida.
De acuerdo con el responsable de la estrategia de seguridad local, durante los primeros dos años de esta administración se han incautado 63 toneladas de drogas y 26 mil litros de alcohol ilegalmente introducido al territorio estatal. Además, se han retirado de la circulación mil 196 armas de fuego y más de 45 mil cartuchos útiles.
El decomiso de drogas, señalado por el secretario Pliego, habría implicado que los grupos delincuenciales que operan en la entidad hayan dejado de recibir ingresos por el orden de dos mil millones de pesos, mientras que las armas retiradas mediante la estrategia “Intercambio por la paz” implica disminuir el riesgo de que sean usadas en actividades delictivas.
El decomiso de estupefacientes, por otra parte, se habría logrado mediante la realización de 38 mil 435 operativos de vigilancia en carreteras y brechas, así como en revisiones ejecutadas en hoteles y moteles, yonkes, bares y casas de empeño del estado. Estamos hablando de 52 operativos diarios en promedio.
Se trata, a no dudarlo, de una estadística relevante, no sólo por el volumen de sustancias incautadas,
El decomiso de drogas, señalado por Pliego, habría implicado que los grupos delincuenciales que operan en la entidad hayan dejado de recibir ingresos por el orden de dos mil millones de pesos
sino por las implicaciones que tiene en términos de una estrategia de combate a la delincuencia basada en la lógica de “pegar donde duele”, es decir, en el flujo de dinero que los grupos delictivos obtienen por la venta de drogas y, en este caso, también de alcohol.
Valdría la pena por ello, que el proceso de análisis de la estrategia de seguridad no se limitara a señalar cifras sino, sobre todo, al análisis de sus consecuencias ulteriores.
En otras palabras, ¿qué tanto han debilitado estas acciones a los grupos delincuenciales que operan en el territorio de Coahuila? ¿Qué tanto se han convertido estos resultados en un elemento disuasor para quienes han decidido hacer de la violación a la ley un estilo de vida?
Y es que, a final de cuentas, lo relevante es que la estrategia contra la delincuencia –organizada o no– escape a la lógica de ser “un juego de vencidas” y se ubique en la de un proceso de consolidación del estado de derecho que mande a todo mundo el mensaje adecuado: las instituciones responsables de la seguridad pública, así como el sistema de procuración e impartición de justicia, están por encima de cualquier agenda delictiva.
No se trata, desde luego, de minimizar la relevancia de los números presentados ayer ante el Poder Legislativo por Pliego Corona, pues sin duda son cifras relevantes.
De lo que se trata es de llamar la atención respecto de la necesidad de no quedarnos sólo con las cifras, sino de analizar la forma en que estos resultados están sirviendo para consolidar un modelo de seguridad que no esté basado en la coyuntura o en la presencia de individuos providenciales, sino en la solidez de las instituciones públicas.