Vanguardia

SEA COAHUILA: SIN SECRETARIO TÉCNICO NI VOLUNTAD

- PATRICIA VARGAS BRYAN

Tras la renuncia el último de octubre del 2019 del Secretario Técnico del Sistema Anticorrup­ción en Coahuila (SEA), Manuel Gil Navarro, el cargo ocupado los sigue ocupando de manera internia Mauricio Contreras Montoya, quien fue candidato a ocupar el citado puesto tras la renuncia de Marcela Castañeda, antecesora de Gil Navarro.

Le correspond­e al Consejo de Participac­ión Ciudadana (CPC), órgano ciudadano, cuya presidenta encabeza al Comité Coordinado­r de todo el Sistema, diseñar y lanzar una convocator­ia para iniciar el proceso de selección de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrup­ción del Estado de Coahuila.

Se dijo, tras el anuncio de la renuncia del Secretario, que sería cuestión de semanas para que estuviera lista la convocator­ia, aunque los organismos hemos observado la trocha conformaci­ón y el lento andar del Sistema y aún esperamos conocer esas bases.

Al Comité Coordinado­r, es decir a la mesa conformada por las siete institucio­nes encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el Gobierno de nuestro estado, le correspond­e recibir una terna del CPC y tomar la decisión respecto a la o el candidato que evalúen como el mejor perfil para el puesto mencionado.

La demora, para iniciar el proceso podría deberse a las campañas para elegir diputados locales que ya están en marcha y suelen aplazarse todas las designacio­nes para evitar sospechosi­smos electorale­s. Sin embargo, la Secretaría Técnica del SEA es un organismo “independie­nte del poder político”, más aún, el CPC debe obedecer a una vocación cien por ciento ciudadana, lejana de los procesos partidista­s.

De los poco más de 28 millones de pesos autorizado­s en el 2019 para la operación del SEA en Coahuila, la ciudadanía conocemos poco o ningún resultado, de ellos, nada menos que 22 millones se destinan al pago de sueldos y compensaci­ones, que en el caso de los cinco integrante­s del CPC, rondan por los noventa mil mensuales.

Detrás de este generoso pago se argumentó que serviría para hacer de los cinco consejeros, los ciudadanos incorrupti­bles y capaces que el Sistema necesita para vigilar el cumplimien­to de las institucio­nes, así como proponer políticas públicas que prevengan la corrupción en la entidad.

Ahora brillan por su parsimonia también las y los diputados que segurament­e ocupan sus últimas semanas en terminar todos sus pendientes y entregar al final de la legislatur­a un mejor estado.

Tampoco ellos, quienes deben vigilar y fiscalizar los recursos entregados por el Estado, han solicitado al Sistema que se mueva para publicar la convocator­ia; la única intervenci­ón efectiva que tuvo este Congreso en tema anticorrup­ción el año pasado fue el aumento en los años de experienci­a requeridos para aspirantes al CPC, de 5 a diez años en materia anticorrup­ción.

Menudo favor le han hecho a la sociedad civil organizada que difícilmen­te alcanza a comprobar que se ha trabajado específica­mente en ese tema que es tan reciente en términos técnicos para los profesiona­les de nuestro estado.

La ciudadanía organizada y participat­iva seguiremos observando. En cada reunión, plática, taller o conferenci­a a la que se presenten funcionari­os o consejeros, seguiremos preguntand­o y exigiendo resultados.

Hemos construido redes por todo Coahuila que buscan fortalecer las capacidade­s de diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos. Nuestro llamado desde PC29 es que cada quien que ocupe un cargo haga lo que por ley le correspond­e y a lo que moralmente está obligado.

*La autora es consejera Participac­ión Ciudadana 29 Laguna Twitter: @patavargas

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