ICAI recibe mil 146 recursos de revisión
El titular del organismo rinde informe ante legisladores
El titular del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) presentó ayer ante el Congreso del Estado, su informe anual del 2019 donde reportó que son los poderes judicial, ejecutivo y legislativo los que tuvieron la calificación más alta en términos de transparencia.
Frente a los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, Luis González Briseño, dio a conocer los datos en materia de transparencia que fueron registrados durante su primer año como comisionado presidente del consejo de ICAI.
El funcionario reportó que, al término del año, el Estado tuvo un padrón de 173 sujetos obligados o instituciones que reciben recursos públicos y que son sujetas a las obligaciones de la Ley.
Manifestó que los sujetos obligados mejor evaluados en materia de cumplimiento con la información pública de oficio, fueron el Poder Legislativo y Judicial con una calificación del 100 por ciento, mientras que el Poder Ejecutivo y los Organismos Descentralizados tuvieron calificaciones del 98 y el 97 por ciento en la evaluación anual.
Agregó que en 2019 hubo un total de 22 procesos de verificación a sujetos obligados que no cumplieron con transparentar el 80 por ciento de la información de sus ejercicios, y estos fueron aplicados a 12 ayuntamientos, 5 sistemas de operación de agua y saneamiento, dos sindicatos, un partido político y una asociación civil.
De acuerdo con el informe, en ese año el ICAI recibió un global de mil 146 recursos de revisión, donde el ciudadano se inconformó ante la respuesta del sujeto obligado; y en este tema, fueron los Ayuntamientos, las Secretarías del Gobierno del Estado contra la que se interpusieron mayor número de recursos, además de los organismos descentralizados.
Sin embargo, González Briseño, no detalló en específico, cuáles de las entidades del Poder Ejecutivo, fueron las que estuvieron mayormente observadas en los recursos de revisión, aunque admitió ante la prensa que todavía no existe una plataforma para evaluar las respuestas de los sujetos obligados en términos de acceso a la información o de solicitudes a través de la plataforma.
González Briseño manifestó que en el total de los recursos de revisión se ha detectado que existe un 7 por ciento de improcedencia; es decir, que la respuesta del Sujeto Obligado no es acorde o no resuelve las dudas del ciudadano que lo cuestionó.