Acusan amenazas a 97 familias por tren
Al titular del comisariado ejidal de San Juan Guichicovi, Albino Pedro Jacinto, le negaron la palabra en la asamblea consultiva que realizó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) el pasado 30 de marzo en la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc. El dirigente campesino sólo iba a pedir más información sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero no pudo. La misma situación le sucedió al representante de los ejidatarios del poblado mixe, Mogoñé Viejo, que pertenece a Ángel González Miguel. No le permitieron que hablara o que preguntara. Denuncias de esa naturaleza documentó el presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio Severo, para elaborar la queja que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra Hacienda, el INPI y la Procuraduría Agraria (PA), por violaciones al derecho a la consulta. En ella se pidió a la CNDH que emita una recomendación al gobierno federal para que sean protegidos los derechos de las comunidades indígenas que serán impactadas por la rehabilitación del Tren Transístmico y la construcción del gasoducto que corre entre Veracruz y Oaxaca. “Vamos a ver si la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, responde a la petición de medidas cautelares para evitar que inicien las obras del transístmico y que el gobierno mexicano realice una verdadera consulta apegada a estándares nacionales e internacionales”, señala el asesor de Ucizoni, Carlos Beas Torres. Agrega que la respuesta debe ser los más pronto posible, porque en las la zona norte del Istmo la empresa privada Ferropartes Industriales del Norte, a través de su representante Alejandro Vásquez López, intimida a las familias que viven cerca de las vías del tren. “Sin autoridad legal alguna y sin estudios serios sobre el impacto ambiental, [la empresa] amenaza a las familias diciéndoles que serán desalojadas de sus viviendas y que van a desmontar, mediante el derribo de árboles, todo por donde pasa el tren”, acusa. De acuerdo con Beas Torres, el gobierno federal “está actuando en forma desaseada”. Por ahora, denuncia que son 97 familias las que ya fueron amenazadas de desalojo, pues el gobierno considera que están en el derecho de vía del ferrocarril. Son dos familias de Almoloya, 15 más de Mogoñé Estación y 80 de Rincón Viejo Norte, de Santa María Petapa. Por esta razón, el asesor advierte que la imposición del corredor interoceánico “traerá conflictos sociales”, pues los ejidatarios de San Juan Guichicovi aseguraron que no permitirán ninguna acción del gobierno o de particulares, hasta que no cuenten con la suficiente información. “No hemos sido informados ni consultados de los impactos en nuestros territorios, en términos del Convenio 169 sobre pueblos indígenas”, señalan en la queja presentada el 29 de enero ante la CNDH. El 14 de junio de 2019, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el organismo llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, de acuerdo con información oficial, tendrá para ejercer cerca de 10 mil millones de pesos para avanzar en la rehabilitación del Tren Transístmico, columna vertebral del proyecto. Además, se modernizarán las instalaciones portuarias de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se construirá un gasoducto entre Veracruz y Oaxaca y se realizará el tendido de una fibra óptica para proporcionar el servicio de internet, entre otras acciones.