Un tema complejo
La principal complicación para participar en la discusión sobre el problema pensionario estriba en que se trata de un tema sumamente complejo porque estamos hablando de un sistema integrado por múltiples modelos y, además, no se conoce de manera pública la información de todos ellos.
En nuestro País, señala el Diagnóstico del Sistema de Pensiones Mexicano y Opciones para Reformarlo, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la construcción histórica de los sistemas de pensiones no se hizo contemplando a toda la población y poniendo en el centro a las personas y sus necesidades”.
En lugar de esto, explica, “se crearon subsistemas ad-hoc para los grupos de trabajadores que iban surgiendo de acuerdo con el crecimiento del País y su diversificación productiva”.
Debido a ello, detallan los autores, aunque nuestro País fue pionero en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales como salud, pensiones, vivienda y educación (incluidos en la Constitución de 1917), no se desarrollaron las reglas necesarias para construir un sistema universal de pensiones.
Como resultado, “a lo largo de varias décadas se crearon distintas leyes y sus reglamentos para diferentes poblaciones de trabajadores, lo que implicaba e implica que estos derechos sociales se pensaron solamente para trabajadores del sector formal, tanto público, como privado”.
Así surgieron dos esquemas básicos de seguridad social: el que da servicio a los empleados del sector privado y el que atiende a los del sector público. En el primer caso, los empleados están afiliados al IMSS, pero para el segundo existen cuatro instituciones: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y los esquemas específicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de electricidad (CFE).
A la par de estos esquemas, los gobiernos estatales y municipales, diversas entidades públicas -como la banca de desarrollo y el Banco de México-, las universidades estatales, los poderes judiciales -el federal y los estatales-, las corporaciones policiales e incluso los sistemas municipales de agua potable crearon sus propias “fórmulas” para atender el problema.
Como resultado de este proceso, hoy día “hay más de 1,000 subsistemas de pensiones funcionando en México cuya información no es, en la mayoría de los casos, pública”, ilustra el documento publicado por el BID en 2019.
¿QUÉ HAGO YO?
Debido a la existencia de esta multiplicidad de esquemas pensionarios, es fácil confundirse cuando se leen o escuchan noticias en los medios de comunicación, advierte Antonio Serrano Camarena, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (Canacintra) e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Esto ocurre, asegura el especialista, porque la información que nos llega a través de los medios de comunicación -incluso si se trata de lo dicho en un panel de expertosno necesariamente responde a nuestra circunstancia personal.
Por ello, recomienda, antes de involucrarse en debates que no necesariamente nos resultarán útiles, lo mejor es tener claridad respecto de nuestra situación personal y para ello hay que seguir algunos sencillos pasos.
“Lo primero que tenemos que hacer es pensar: ¿dónde están los documentos que avalan todo lo que he contribuido a mi sistema de pensiones? Hay gente que no sabe ni siquiera dónde está su pensión, entonces hay que buscarla”, plantea Serrano.
Y dar con esta información es muy fácil, añade: “Es necesario ir con nuestro patrón y decirle: ‘Necesito que me des los comprobantes de aportaciones, necesito que me des exactamente los detalles para poder rastrear yo, como trabajador, mi pensión y obviamente saber qué está pasando con ese dinero que estoy dando’”.
Luego de saber en dónde están nuestros fondos y “si yo ya tengo claro que soy parte de la generación de transición”, explica, “tengo que acercarme con un especialista, preferentemente asesores que se llaman asesores actuariales o asesores de planes de vida y carrera”.
Este tipo de asesores, precisa, laboran regularmente para despachos especializados de asesoría financiera y sus servicios, por una consulta que nos sirva para conocer una primera aproximación a nuestra situación rumbo a la pensión pueden costar entre 400 y 1,000 pesos.
EL TIEMPO VUELA
Serrano Camarena recomienda no perder tiempo para tener clara la información sobre nuestro esquema pensionario personal. Esto, dice, hay que hacerlo de inmediato. “Hay que tener claro en que Afore estamos, dónde está la oficina de la Afore y cuánto dinero estamos pagando mensualmente y cómo va creciendo”.
Tener clara esta información cuanto antes permite, además, que el futuro pensionado pueda realizar aclaraciones a su información o proporcione datos que no se encuentren en su expediente y son indispensables para el trámite final.
Respecto del momento idóneo para iniciar el proceso específico de tramitar la pensión, el especialista recomienda hacerlo unos dos años antes de alcanzar la edad en la que uno quiere retirarse. “Hay gente que dice: ‘Yo me voy a retirar a los 67, porque a los 67 termino de pagar mi casa, mis hijos ya terminaron su carrera, entonces ya no tengo gastos fijos’… entonces debería iniciar los trámites a los 65 años”.
Serrano es enfático en señalar que la jubilación debe ser “una decisión planeada”, pues “tu pensión es una decisión financiera de cómo vas a vivir la última etapa de tu vida. Planear con cuánto quieres vivir, qué quieres hacer, es una decisión que se tiene que tomar con mucho tiempo”.
Además, parte de esta planeación implica tener claro si estamos en el supuesto de que nos convenga realizar aportaciones voluntarias que compensen el hecho de no contar con suficientes semanas cotizadas o para obtener de esta forma un monto mayor de pensión.
“Todo tiene que ver con la forma en que yo quiero vivir la etapa en la que yo ya no trabajo y que no tengo compromisos financieros ni de mediano ni de largo plazo”, insiste.
Esto último es particularmente relevante, concluye Serrano, porque “preferentemente, alguien que se jubila ya no tiene una hipoteca que estar pagando a 15, 20 años, normalmente ya no tiene hijos en edad escolar, y ya no tiene, obviamente, otras deudas que pudieran generarle compromisos definidos y que pudieran quitarle una parte importante de la pensión”.
Lo primero que tenemos que hacer es pensar: ¿dónde están los documentos que avalan todo lo que he contribuido a mi sistema de pensiones? Hay gente que no sabe ni siquiera dónde está su pensión, entonces hay que buscarla”.
Antonio Serrano Camarena,
director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste.